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Corroído por una profunda crisis de credibilidad social debido a la incapacidad de combatir el cáncer de la corrupción que le ha penetrado hasta lo más hondo de sus entrañas, el sistema político mexicano tuvo quizá su última llamada de atención con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el pasado 18 de julio; pero una vez más, ese reclamo social fue desatendido.
El SNA nació sin cabeza, sin el nombramiento del fiscal, el Zar Anticorrupción y sin magistrados que se encarguen de juzgar los actos que sean denunciados por este tipo de delitos. Sucede esto en un momento en que el país está sacudido por el juicio contra el ex gobernador veracruzano Javier Duarte, acusado de haber desviado más de 20 mil millones de pesos.
Además, estremecido por el llamado “socavón”, que provocó dos muertes humanas en el recién inaugurado “Libramiento Cuernavaca Paso Exprés”, cuya única explicación es la corrupción del gobierno de Peña Nieto con las empresas privilegiadas del régimen. Sin un instrumento anticorrupción completo y verdadero, no se podrá recuperar la confianza social en las instituciones.
Son inaceptables las explicaciones de que no ha habido acuerdos entre las fuerzas políticas para hacer esos imprescindibles nombramientos. La gente ya no puede “tener fe” en estos actores; lo que quiere es certeza, hechos palpables.
Es posible que no haya, en el corto tiempo, esos “acuerdos” porque para ello se necesita voluntad política, decisión del PRI para dar un vuelco radical al manejo de los asuntos públicos, con una mayor participación social en ellos, y llegar hasta las últimas consecuencias, tope donde tope y caiga quien caiga, en el combate a la corrupción, lo que implicaría dejar en claro la cadena de complicidades de Javier Duarte, la ruta del dinero y sus beneficiarios (¿llegó a la campaña presidencial de EPN en 2011-2012, por ejemplo?) y quitar el “fuero” a diputados, senadores y funcionarios públicos que tuvieron responsabilidad.
Asimismo, en el caso del Paso Exprés de la autopista en Cuernavaca, aplicar responsabilidades (la renuncia) al secretario de Comunicaciones, Ruíz Esparza, y al consorcio constructor el retiro de concesiones ya otorgadas. Sin embargo, dudo de que “se llegue a acuerdos” para esos nombramientos, ya que el PRI prefiere el dedo flamígero de la sociedad, antes que estar dispuesto a los cambios reales, porque está estructuralmente incapacitado para hacerlo, para combatirse a sí mismo.
Están decididos a “apostar todo su resto” a las elecciones de 2018, creyendo que pueden repetir la fórmula política del Estado de México y ganar la Presidencia, por eso quieren el pase automático del actual procurador, a la Fiscalía General por los próximos nueve años, así como la dependencia orgánica del Zar Anticorrupción, de la PGR para seguirse cubriendo.
Este lamentable espectáculo es una expresión más de la crisis terminal del régimen político priísta y de su capacidad congénita, consustancial para reformarse a sí mismo. Y es, al mismo tiempo, lo que subraya la necesidad de “reformarlo desde fuera” con un cambio que sólo puede construirse con las fuerzas políticas y sectores sociales que ya no quieren la profundización del deterioro.
Hay momentos en las sociedades en que los cambios de régimen se hacen impostergables. Decía un clásico revolucionario que esto sucede cuando “los de arriba” ya no pueden seguir gobernando como hasta ahora, y “los de abajo” ya no están dispuestos a dejarse seguir gobernando por aquellos. Ese tiempo ha llegado. Estamos en esos días en que se condensan años.
Y hemos llegado aquí gracias a muchos esfuerzos plurales para transformar a nuestro país; ahora el paso siguiente es coagular las potencialidades sociales y políticas de cambio presentes en el México de hoy.
Vicecoordinador de los diputados federales del PRD
