El 18 de junio de 2016 entrará plenamente en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal en México después de que hace ocho años fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que sentó las bases para el mismo. Con ello, se termina con un modelo que habíamos venido reproduciendo desde hace 208 años, bajo el concepto del Código de Instrucción Criminal Francés de 1808.
La filosofía de este nuevo sistema es partir de la presunción de inocencia para el inculpado, y en él se asegura una trilogía procesal donde el Ministerio Público funge como la parte acusadora, el inculpado está en posibilidades de defenderse y el juez determina la responsabilidad penal respetándose, en todo momento, los derechos de la víctima u ofendido e imputado.
Así pues, el próximo sábado 18 de junio de este 2016 es la fecha definitiva en la que México concluirá la transición del Sistema Penal Mixto, con rasgos de inquisitorio y de procesos escritos, a uno acusatorio, con métodos orales donde los jueces tendrán un rol más visible, privilegiando la transparencia jurídica y la ampliación de derechos y garantías tanto para el imputado o acusado, como para las víctimas u ofendidos.
Tenemos, sin embargo, grandes retos que deben solucionarse en lo inmediato, como es la capacitación de más de 330 mil elementos policiacos en todo el país en el que todas las entidades acrediten a sus policías antes del 18 de junio de 2016, por ser ellos el primer contacto con la víctima, el imputado y con el posible hecho delictivo; así como también considerar la formación de intérpretes y traductores para indígenas.
Igualmente, debemos estar atentos a resolver problemas que pueden presentarse conforme este nuevo proceso avance, ya que de no hacerlo estaríamos dejando en la total indefensión a miles de mexicanos en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, por no hablar español, ya que existen solamente 650 traductores e intérpretes, y 198 abogados bilingües a nivel nacional.
Debemos dejar en claro que esto no dará los resultados deseados y contravendrá el espíritu de la ley si no combatimos esa “caja negra” que es la corrupción en la procuración y administración de justicia, así como en los sistemas policiacos y todos quienes se presten a cualquier cosa, menos a impartir la justicia que reclama la sociedad.
Es importante destacar que, aun cuando este sistema ya funciona en toda la República, hasta la fecha no se ha dado un informe pormenorizado de cuáles han sido los problemas a los que se han enfrentado las entidades que ya tienen un buen tiempo aplicándolo, como son: Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Durango, Zacatecas y Nuevo León.
Es decir, no se trata solamente de vigilar que todas las entidades federativas ya lo tengan implementado, sino que, desde 2008 a la fecha, debieron haber sido detectados posibles actos de corrupción en distintos órdenes de procuración e impartición de justicia y de prevención del delito, a fin de proponer las modificaciones y ajustes correspondientes a la legislación.
Sería conveniente que la secretaria ejecutiva de la Comisión para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, María de los Ángeles Fromow Rangel, dé a conocer ante la población un balance del funcionamiento de este sistema en los últimos años, ya que estos estados han compartido sus modelos y han asesorado a otros que recientemente lo han puesto en marcha.
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
