Con su reforma energética, y en particular con el artículo 42 de la Ley de Hidrocarburos, el gobierno de Peña Nieto le dio prioridad a las condiciones de competencia por encima del fortalecimiento de Pemex. Por ello no sorprende que en la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2015-2029, de la Secretaría de Energía, se plantee como altamente probable, ya sea en el escenario máximo o en el mínimo, que Pemex esté produciendo, solo o en alianzas, apenas algo más de la mitad de la producción estimada para 2029. Es decir, a 15 años de su aprobación, en las propias estimaciones del gobierno, la reforma peñista podría llevar a Pemex a perder casi la mitad de su participación en la producción nacional de crudo. Y eso que supuestamente no era una reforma privatizadora.
Si bien puede decirse que la pérdida de relevancia de Pemex en la producción nacional no es una fatalidad, puesto que nuestra petrolera puede participar en las rondas por venir y obtener algún contrato, lo cierto es que la lectura de la Prospectiva deja ver que no existe voluntad alguna para dar más asignaciones a Petróleos Mexicanos.
De hecho, desde el gobierno se ha hecho todo para debilitar a la “flamante” Empresa Productiva del Estado. De entrada y durante dos años, la Secretaría de Energía eludió el mandato explícito de la reforma constitucional para reconocerle a Pemex “el justo valor económico” de las inversiones que ya había hecho en las áreas no retenidas en la llamada Ronda Cero, varias de ellas ya adjudicadas a privados, en las licitaciones del año pasado. Tuvo que ser el Congreso, a propuesta del PRD, el que enmendara la iniciativa de Ley de Ingresos de 2016 para empezar a resarcir esta omisión.
No obstante, en la discusión del paquete económico no se contempló ninguna modificación a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que define el régimen fiscal de Pemex. Sin embargo, el cambio en esta Ley es urgente porque para 2016 el límite de las deducciones que puede hacer Pemex por barril producido, apenas se eleva a 11.075% del valor de la producción. De mantenerse el precio del crudo en una franja de 20 a 25 dólares, Pemex sólo podría deducir de su base gravable alrededor de 2.50 dólares por barril producido: menos de la mitad de los 6.50 dólares que podía deducir antes de la reforma energética. En cambio, los contratistas de las primeras dos licitaciones podrían recuperar costos hasta por 15 dólares por barril (60% del valor de la producción). La asimetría fiscal resulta escandalosa.
Este año se pudo haber reducido esta asimetría fiscal utilizando parte de los históricos remanentes de operación que tendrá el Banco de México, en tanto se definían fuentes alternativas, permanentes y redistributivas de ingresos fiscales. Desafortunadamente, este planteamiento que hizo el PRD fue desechado por la mayoría priísta en el Congreso, que prefirió modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que los remanentes se destinaran a adelantarle el pago a los banqueros.
Por eso llama la atención el anuncio hecho por el secretario de Hacienda de una suerte de “rescate” de Pemex, precisamente después de que la calificación crediticia de Pemex ha sido degradada por firmas internacionales como Moody’s. En la más pura tradición neoliberal: ni se ve ni se oye a las voces críticas nacionales, pero se está más que atento a los suspiros de los sacerdotes del libre mercado hecho religión.
En primer lugar, se anunció una “inyección” de 50 mil millones de pesos. En realidad se trata sólo del cumplimiento del tercer transitorio de la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hecha en 2014. De hecho, el pasado 25 de diciembre se publicaron las disposiciones para que el gobierno asuma una parte del pasivo laboral de Pemex, una vez que se modificó su régimen de pensiones y jubilaciones. Conforme a la novena de estas disposiciones, la Secretaría quedó facultada para emitir títulos de crédito con vencimiento al 31 de diciembre de 2050, e intercambiables “por los Títulos que correspondan, dentro de los 60 Días Hábiles Bancarios siguientes a la fecha en que la Secretaría cuente con la Reducción Validada”, del régimen de pensiones y jubilaciones de Pemex.
A partir de las declaraciones hechas por los funcionarios de Hacienda, pareciera que las medidas consistirán en una reforma parcial al régimen fiscal de Pemex, que facilite (y propicie) las alianzas y migraciones. Que le dé facultades a la Secretaría de Hacienda, ya sea para determinar excepciones a la obligación de “mantener los ingresos del Estado a largo plazo”, o bien para establecer regímenes específicos para las alianzas (como lo hace en los contratos), o bien para definir zonas geológicas con fiscalidad específica y de manera que en ellas caigan los esperados farmouts. Lo que seguro vendrá, son “incentivos” para empujar al uso indiscriminado de instrumentos financieros de todo tipo para profundizar en esa forma vergonzante de privatización que esconde el espantoso neologismo de moda: “desinversión”.
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
