El actual modelo de comunicación política en México es una basura. Animado por las vísceras y no por la razón, restringe libertades y no contribuye a una democracia vigorosa y participativa. El andamiaje legal que nos rige obedece a la desconfianza. Su diseño privilegia la difusión de millones de spots que poco o nada le dicen a la sociedad, y anula el debate de las ideas tan necesario en una contienda electoral.
Las campañas políticas son, por naturaleza, contraste y competencia. Toda restricción al libre flujo de las ideas atenta contra dos derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución: libertad de expresión y derecho a la información.
Ya en otra entrega me referí a la manera en que la clase política tradicional sigue ejerciendo la comunicación social a la antigüita frente a un electorado despierto e intensivo en el uso de las nuevas tecnologías de la información. Menos spots y más tuits, propuse.
So pretexto de una mal entendida equidad en el acceso a los medios de comunicación, las actuales reglas resultan costosas, inciertas y atrofiantes. Queda prohibido a los particulares comprar espacios para expresar con libertad su parecer sobre la realidad política y, en el colmo del absurdo, se castiga a comunicadores por advertir sobre inminentes cortes a la programación pautados por el Instituto Nacional Electoral.
A pesar del hartazgo ciudadano, dada la grotesca avalancha de huecos spots, mantenemos un esquema que raya en la discrecionalidad censora y desprecia el verdadero contraste entre plataformas, partidos y candidatos. No en balde la misión de la Organización de Estados Americanos que nos visitó el año pasado advirtió sobre “el riesgo de restringir los espacios de expresión necesarios para la conducción de un debate político intenso, dinámico y democrático”. Quien encabezó la misión fue la respetada ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Ella fue enfática al decir que “se tomó nota del temor de algunos reporteros a ser sancionados en caso de cubrir eventos noticiosos que involuntariamente favorezcan o desfavorezcan a algún candidato”. Más aún, reveló que “la misión de observación electoral recibió quejas en torno a la potencial restricción a la libertad de expresión derivada de la prohibición de comprar tiempo en radio y televisión que pueda beneficiar a una candidatura”.
La conclusión de la OEA fue lapidaria: “El modelo actual no parece propiciar un debate político de calidad y genera fricciones constantes entre los actores del proceso electoral. La transmisión de una inmensa cantidad de spots publicitarios de 30 segundos no necesariamente se traduce en un voto más informado y puede, sin embargo, alimentar el descontento ciudadano”.
Tan dados a aplaudir a ciegas las recomendaciones hacia nuestro país, por parte de organismos internacionales tratándose de otros derechos humanos fundamentales, los incongruentes de siempre (y beneficiarios del actual modelo de comunicación, como lo es López Obrador) guardan silencio sobre la posición de la OEA.
Mi propuesta es simple: menos spots y menos dinero a los partidos políticos, a cambio de recuperar los márgenes arrebatados a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Senador del PAN
