Se los dije: elevar a rango constitucional el famoso apagón analógico era una soberana estupidez. No estaríamos a tiempo de concluir en 2015; se aprovecharía el programa para fines electorales y al final dejarán a millones de personas sin televisión.
En la reforma constitucional se le otorgó al gobierno federal la graciosa opción de entregar televisores digitales o decodificadores. No se necesita ser un genio para adivinar cuál fue el camino que tomó la SCT.
Claro que en la cruda que vino tras la borrachera democrática cayeron en cuenta de que les faltaban millones de televisiones por entregar y que miles de las entregadas habían ido a dar a quien no lo necesitaba o las habían rematado a la vuelta de la esquina.
La norma dice que sólo puede darse el apagón en aquellas ciudades en que se cubra al menos el 90 por ciento del padrón de beneficiarios de programas sociales de la Sedesol. En un principio ofrecieron entregar 12.7 millones de aparatos en el país. Luego, en enero, con el recorte presupuestal, bajaron de un plumazo a 9.4 millones. Una de dos, o sobraban 3.3 millones para regalar en época electoral o les faltaría esa cantidad para alcanzar la meta.
Y es que el padrón de beneficiarios de Sedesol es de 14.3 millones de hogares. Ahora hablan de que entregarán un total de 9.7 millones. Suponiendo sin conceder que hagan la proeza de entregarlas y si Pitágoras no era un vulgar estafador, eso representaría cerca del 68 por ciento del total del padrón y no el 90 por ciento como dispone la ley.
La trampa está en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones baja la señal analógica cuando la SCT le indica que ya cumplió con la entrega de televisiones, sin auditoría ni verificación alguna. Así, es de esperar que millones de personas en condición de pobreza se queden sin ver televisión tras el apagón pues o no tuvieron la suerte de recibir su aparato, o no cuentan con recursos para adquirir uno, o al menos un decodificador de señal, ni tampoco pueden suscribirse a un sistema de televisión de paga.
Por si fuera poco, 76 por ciento de los sistemas de televisión pública, educativa y cultural no están listos para la transición digital. Y ahora que presentó el presidente del Senado, Roberto Gil, una iniciativa para evitar que se les sancione a dichas emisoras hasta con la pérdida de la concesión, salieron las fobias de costumbre a tratar de bloquear la reforma a la ley —que no a la Constitución por no ser necesario en este caso— con la cantaleta de siempre: “están protegiendo al duopolio televisivo”.
Pobre país con legisladores plenos de fobia e ignorancia. Pobre país con políticos tan desconfiados y desaseados que todo lo elevan a rango constitucional. Escrupulosos para cumplir con el mandato constitucional del apagón en su fecha fatal, olvidan que la radiodifusión (radio y televisión) es un servicio público de interés general consagrado en su artículo 6º y que es vehículo eficaz para acceder a dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la información y la libertad de expresión.
Dicen algunos iluminados del círculo rojo: pues que no vean tele quienes padezcan el apagón analógico. Total, para los reality shows o vulgares telenovelas que hay, mejor que se pongan a leer. No tienen madre.
Senador del PAN
