En la plataforma change.org he suscrito la petición al presidente de la República y al Senado de la misma para que en los próximos nombramientos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se incluyan a militantes de los partidos políticos o a sus amistades. Para que las ternas se integren con perfiles profesionales, con amplio conocimiento en la materia y, sobre todo, sin conflictos de interés.
Alguien podría decir que he firmado una petición para mí mismo, toda vez que soy senador de la República y participaré de ese proceso de selección de dos nuevos integrantes del pleno de nuestro máximo tribunal. Lo hago porque al compartir en su totalidad las razones de los promotores, quiero compartir con mis seguidores en las redes la justa exigencia de una Corte #SinCuotasNiCuates y promover que se sumen más peticionarios, entre ellos, otros colegas legisladores.
Además de un mecanismo para conseguir que peticiones sobre asuntos de interés público lleguen a las autoridades correspondientes con la fuerza de miles de adhesiones que se consiguen en pocos días, la plataforma change.org se ha convertido en un mecanismo de difusión, pedagogía cívica y articulación social. De la unidad virtual, los promotores de la petición han pasado a conformar una red de activismo y cabildeo político: una representación del grupo llevó la semana pasada directamente al Senado las primeras 21 mil firmas. Ahora el contador de la petición registra 40 mil 611.
También sumé mi firma porque el documento donde se exponen los motivos de la petición me alude, sin mencionar mi nombre: “Distintas fuentes han mencionado —incluso desde la tribuna del Senado (10 de marzo, 2015)— la existencia de un pacto entre el PRI y el PAN para la distribución de cuotas en el pleno de la Suprema Corte. Este pacto partidista consistiría en impulsar a Santiago Creel Miranda, militante activo del Partido Acción Nacional y a Raúl Cervantes Andrade, actual senador plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional con licencia, dos veces diputado federal y ex coordinador de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, para asegurar que llenen las próximas vacantes de la Corte Suprema”.
El que mencionó en la tribuna del Senado esa negociación, exactamente el 10 de marzo, fue quien esto escribe. Sí mencioné al senador Raúl Cervantes, pero no a Santiago Creel, pues entonces sólo se mencionaba la cuota para el PAN, pero sin nombre. Luego efectivamente salió a relucir en columnas periodísticas el ex secretario de gobernación. Cuando eso ocurrió pregunté directamente a Creel, pero él lo negó rotundamente.
Ahora también, en diversas entrevistas, Creel Miranda ha declarado sin lugar a dudas que nunca ha estado apuntado, ni se apuntará; mucho más, incluso, que deplora el intento de partidizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A diferencia de esta postura, los senadores del PRI, a la cabeza Emilio Gamboa, han arreciado la promoción de Cervantes.
De ahí que tenga mérito y sustancia la advertencia de la petición ciudadana: “La integración de la Corte a través de la repartición de cuotas partidistas dañaría de manera irreversible la legitimidad de esta y por tanto su capacidad de resolver —por la vía legal— los conflictos sociales del país. En el actual contexto de crisis institucional México necesita una Corte autónoma y profesional, respetada y respetable, capaz de proteger a los ciudadanos; no una Corte de individuos nombrados a partir de cuotas o amistades. Por eso pedimos al presidente y al Senado que en los próximos nombramientos no se incluyan a militantes activos de los partidos políticos. Creemos que quien ha participado como candidato o candidata de un partido en elecciones populares en los últimos 5 años y/o ha tenido cargos en la dirigencia partidista no puede garantizar una visión imparcial en la resolución de casos en que los intereses de sus partidos estén en juego. Por tanto pedimos que estos perfiles se excluyan de las ternas y del proceso de designación”.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación es una pieza fundamental de nuestra democracia. La Corte es la garante de nuestros derechos fundamentales y también es el árbitro final de los conflictos políticos y jurídicos entre los gobernantes. Nuestro sistema constitucional requiere de una Corte plural, integrada por profesionales del derecho que cuenten con conocimientos profundos de los diversos temas que se deben resolver. Debe ser constituida por individuos prestigiados, que aporten a la legitimidad institucional, que juzguen los problemas que se les plantean de forma imparcial, y que estén lejos de contaminar a la Corte con conflictos de interés. Sus integrantes dotan o restan legitimidad al máximo órgano judicial y así le aportan o quitan la capacidad de resolver conflictos sociales por la vía legal y pacífica”.
La petición incluye además la exigencia de un procedimiento transparente y razonado. En el proceso se deben hacer públicas las razones a favor y en contra de los candidatos que se proponen y se deben investigar a profundidad sus perfiles. También el tema de paridad. “Los siguientes dos nombramientos en el más alto tribunal del país, deben no sólo considerar las necesidades de conocimiento especializado que la Corte exige, sino además garantizar la pluralidad ideológica y acercarse a la paridad de género con mayor presencia de mujeres”.
Estoy convencido que vale suscribir la petición, en la medida que nos interese no sólo el futuro de México, sino la consolidación actual de nuestras instituciones.
Senador del PAN
