La impunidad es la dolencia moral de la política mexicana. Es el mayor signo del atraso legal, jurídico y judicial de nuestra división de poderes; dato indiscutible de la premodernidad en la que se estancó el régimen. Es la fuente del cinismo gubernamental y de su engendro nacen otras muchas desviaciones y debilidades institucionales de los gobernantes. La impunidad corroe, aniquila la confianza ciudadana y la troca en desánimo o desesperación. Muchas ideas violentas se incuban en el cinismo y la falta de legitimidad de los representantes populares. La corrupción impune es una provocación del Estado a la sociedad.
Chihuahua vive en esa tragedia. El estado más grande de México atraviesa por una época oscura, simuladora, en la que los niveles de cinismo gubernamental trastocan todo antecedente. El gobernador del estado, César Duarte Jáquez, es el vulgar ladrón de los tiempos de la rapiña, saqueador del patrimonio estatal sin parangón en nuestra historia local, que vaya que los ha tenido. Nada lo detiene, es insaciable su ambición, borró la línea de separación entre sus negocios y las funciones públicas. El inventario de su corrupción sólo retrata la época de demolición que vivimos en el país. Actúa así, porque se sabe protegido por el sistema y el pacto de impunidad; es cínico porque conoce la propia debilidad moral y política del presidente de la República que en lugar de emprenderla contra el corrupto, lo suma a su comitiva internacional a Francia.
El compañero de viaje de Peña Nieto está denunciado en la PGR por peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de facultades. Este próximo 26 de septiembre se cumplirá un año de la denuncia que interpuso en su contra el activista Jaime García Chávez, lo que detonó la conformación de un movimiento social y político de carácter plural denominado Unión Ciudadana. A un año de aquella apuesta por el derecho, no obstante que el expediente se ha engrosado con pruebas irrefutables y el propio Ministerio Público por sus indagatorias ya cuenta con los elementos suficientes para solicitar la orden de aprehensión, Duarte sigue impune y cada día más cínico.
La denuncia se derivó de su participación, junto con la de Jaime Ramón Herrera Corral y Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, en la creación, participación accionaria y fondeo con recursos públicos del nuevo Banco Unión Progreso de Chihuahua, pero ese asunto era sólo la punta del iceberg. Es imbatible el expediente de 90 tomos, de los cuales los abogados coadyuvantes hemos obtenido datos importantes y delicados que, por las reglas de confidencialidad de la averiguación previa, aún no podemos revelar.
No obstante que se alarga la decisión de la PGR —porque la decisión de inacción penal ya es simplemente imposible—, el gobernador César Duarte sigue sumando elementos al expediente para confirmar no sólo la corrupción que enloda la conformación de su patrimonio personal, sino el de su esposa e hijos.
Al “grupo organizado” de funcionarios de Chihuahua que lucran con los recursos públicos se ha sumado Pedro Hernández Flores, actual secretario de Salud del estado, quien ya había enfrentado diversos señalamientos de actos irregulares y abusos en la función pública. El sector salud ha sido una de las principales fuentes de la corrupción política del duartismo.
A principios del mes de julio nos enteramos que, a través de correo electrónico, se hizo llegar a diversos medios de comunicación de la entidad, una copia de un estado de cuenta de la institución bancaria Wells Fargo, con sede en El Paso, Texas, a nombre del titular de Salud, así como de la fotógrafa Rocío Padilla, que habría sido abierta desde el año de 2011 cuyo número de cuenta es 7702197435.
En dicho documento, con sello de certificación del banco, se observa que el funcionario tendría al mes de junio la cantidad de 5.7 millones de dólares. Luego el portal SinEmbargo.mx dio a conocer que, mediante documentos oficiales, se pudo verificar que Hernández Flores habría cobrado un doble salario, por al menos dos años, por los cargos de director general del Régimen Estatal de Protección en Salud (o Seguro Popular), así como por el de director administrativo de la Secretaría de Salud del estado.
El portal reveló que por el primer cargo habría recibido la cantidad de 64 mil 68 pesos mensuales, mientras que por el segundo habría recibido 56 mil 139 pesos al mes, lo que da un total de 2.8 millones de pesos durante el periodo en el que “dobleteó”.
EL UNIVERSAL dio cuenta la semana pasada de lo que desde dos semanas atrás circulaba en redes: las copias de dos cheques que Hernández Flores habría depositado a Bertha Olga Gómez, esposa de César Duarte (con folio 04392155) y a Rosa Isela Gaytán, titular de Servicios Jurídicos en la Secretaría de Salud de Chihuahua (con folio 04392156) por 1 millón 345 mil dólares y 645 mil dólares, respectivamente.
Las imágenes que circulan muestran dos cheques, con el sello de aprobación del cajero, que fueron girados el 9 de julio, depositados en cuentas de esa misma institución a las personas referidas y el dinero provendría de la cuenta 7702197435 a nombre de Pedro Hernández. ¿En calidad de qué Hernández habría depositado esta cantidad de dinero a la esposa del gobernador y a la funcionaria del gobierno estatal?
A pesar de la magnitud de la denuncia, lamentablemente y como ya es costumbre pocos medios locales dieron cuenta del hecho. Pero ante la mirada de los medios de la capital del país, el funcionario tuvo que salir y negó los hechos mediante una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas; enseñó un documento de un notario estadounidense —no tienen la misma responsabilidad legal que en nuestro país—, en el que supuestamente se certificaba no tener cuenta en ese banco. Cuando el corresponsal de Reforma en Chihuahua, Enrique Lomas, pidió copia de la supuesta acta notarial para conocer su contenido, el secretario de Salud respondió: "en un momento más les entregamos copia a todos". Ese momento aún no llega.
Proceso publicó el viernes pasado un reportaje firmado por Patricia Mayorga sobre los "jugosos negocios" del secretario de Salud y plasmó: “Decenas de médicos que han ocupado cargos directivos en la Secretaría de Salud, afirman que el titular de la dependencia, Pedro Genaro Hernández Flores y funcionarios cercanos a él se han enriquecido mediante el desvío de recursos, con el amparo de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del gobernador César Duarte Jáquez”.
Ahora sabemos por qué César Duarte ha manifestado públicamente que el fideicomiso de 65 millones de pesos con el que adquirió el 14 por ciento de participación accionaria del Banco Progreso, lo formó con su esposa. Es tan rica como él; aunque como él, no tenga manera de justificar de dónde les viene la fortuna. Pero eso es lo de menos, mientras reine la impunidad.
Senador del PAN
