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Una semana después de que el líder del PRI propusiera una reforma legal para evitar el uso de los spots de los partidos para promocionar a futuros candidatos, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el presidente nacional de Morena, para legitimar su presencia en los tiempos oficiales de su partido. Es difícil reclamar a un dirigente, nombrado según las reglas internas de su instituto político, que no aparezca en los mensajes de radio y televisión a los que tienen derecho; que no encabece los pronunciamientos que los identifican, aun cuando no todos sean visibles candidatos a 2018.
Seguir recurriendo a la sobrerregulación de la política no es la vía más eficaz para dignificarla, para hacer que la comunicación política sirva para impulsar el debate plural e informado de los grandes problemas nacionales. En mi opinión, hay dos ángulos desde los cuales abordar este problema de la regulación de la promoción de futuros candidatos.
En primer lugar, aunque Morena ratificó su registro como partido político nacional en las elecciones de junio pasado, en realidad no es un partido en el sentido clásico del término, porque carece de la más mínima institucionalidad, ya que sus reglas de actuación están moldeadas por y para su líder. El nombramiento de AMLO y su equipo de colaboradores de aquí a 2018, por aclamación de los mil 600 delegados al Segundo Congreso nacional de Morena, es la expresión clara de que las reglas y procedimientos establecidos están al servicio del líder que es siempre su candidato presidencial.
En segundo lugar, a pesar de que los mexicanos tenemos una relación ambigua con el derecho, en materia electoral siempre que surge alguna controversia frente a la competencia política, se piensa en una nueva regulación. Así, en 1996, la legislación electoral fortaleció las facultades del IFE en materia de fiscalización y de vigilancia sobre el acceso a los medios para generar condiciones equitativas de competencia. Después de la muy disputada elección de 2006, se volvió a legislar para evitar que la compra de espacios en los medios por parte de cada partido fomentara la inequidad y para extender la regulación a las precampañas que ocurren en un periodo específico, a fin de impedir que la disparidad entre contendientes pudiera colarse con anterioridad a las campañas electorales.
Hoy, la propuesta de Manlio Fabio Beltrones parece querer regular todo el tiempo que existe entre una elección y otra, lo cual implicaría, además de poner nuevos candados a la política, abrir el camino para un nuevo caudal de impugnaciones que, a su vez, obligarían a la autoridad electoral a desplegar procedimientos sancionadores adicionales, judicializando aún más la vida política.
Más que seguir abonando a la sobrerregulación, habría que reducir el financiamiento de los partidos y cambiar el modelo de comunicación política existente. Es necesario dejar atrás el esquema de spots que no sólo saturan los medios electrónicos, sino que privilegian la imagen por encima de la sustancia, para dar paso a una fórmula que fomente el debate entre los partidos sobre los problemas que nos aquejan. Un tipo de programas de partidos que permitieran que el público conociera las propuestas de políticas públicas de cada instituto y contendiente, en el marco de una discusión informada.
La vía para dignificar a la política no está en regular otra vez los spots de los partidos, sino en modificar el modelo de comunicación política que hoy está basado en mensajes de hasta 30 segundos, para dar paso a programas de debate que sometan a dirigentes y cuadros políticos a la prueba del conocimiento y la consistencia, así como del compromiso con los ciudadanos. Más que buscar frenar la aparición de imágenes de los dirigentes partidarios, habría que obligarlos a ser sustancialmente propositivos y, sobre todo, a responsabilizarse de sus propuestas.
Académica de la UNAM.
peschardjacqueline@gmail.com
