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El hartazgo social frente al gobierno ha alcanzado dimensiones internacionales y nuestra clase política parece incapaz de hacerse cargo de la profundidad del descontento. El presidente Peña Nieto se duele del ánimo negativo que existe entre la población como si no hubiera razones de peso para compartir dicho sentimiento y los políticos de todos los partidos recurren a las denostaciones mutuas como fórmula para despojarse de sus responsabilidades concretas. Mientras que el gobierno prefiere recurrir a golpes de autoridad para impedir la continuación de la investigación del GIEI, con todo y el descrédito interno y externo que ello le genera, los legisladores aplazan las deliberaciones sobre temas centrales de nuestra problemática nacional, como el del Sistema Nacional Anticorrupción.
Un rasgo esencial de los políticos debe ser la sensibilidad, o sea, la habilidad para captar no sólo los reclamos concretos de la población, sino sus humores y percepciones para ofrecer respuestas plausibles. A lo largo de las últimas semanas, hemos sido testigos de cómo los legisladores anteponen sus afanes personales y sus cálculos de corto plazo, en lugar de hacerse eco del reclamo social que existe frente a la impunidad y a la extendida corrupción en nuestro país.
Una mirada de más largo alcance para privilegiar los intereses generales habría llevado a los legisladores a debatir con tiempo las siete leyes secundarias mandatadas por la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Como suele suceder, el calendario electoral gravitó alrededor de los cálculos personales y de partido de los legisladores y sólo las últimas dos semanas del periodo ordinario de sesiones se abrieron a escuchar a los expertos de la sociedad civil, interesados en contribuir con su conocimiento técnico y su perspectiva comparada, para que las normas alcancen estándares internacionales.
Es cierto que la propuesta final de las bancadas del PRI y el PVEM fue un intento de avanzar en la discusión, y aunque dejó pendientes dos de las siete leyes relativas a las reformas en materia penal para fijar los tipos de los delitos en el Código Penal y explicitar las competencias de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, el tema central de los reclamos mutuos de los senadores fue el de las responsabilidades de los funcionarios públicos, recogido en la iniciativa ciudadana #Ley3de3. Ahí la propuesta se quedó corta, muy cerca de como está en la actualidad, ya que si bien se extendió la obligación de presentar las tres declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses a todos los niveles de gobierno, sólo se publicarán con la autorización expresa del servidor público. Respecto de la incorporación de la información patrimonial de cónyuges y dependientes económicos, que es clave para evitar el ocultamiento de bienes, la propuesta dejó en libertad a los funcionarios para incluirlos y los familiares habrán de dar su autorización en el tema de conflictos de interés. Sobre la declaración fiscal, se plantea que únicamente se publique la constancia de que se presentó ante el SAT, dejando que el funcionario decida si la revela o no.
En el contexto de las elecciones locales de este año, hemos visto cómo la difusión mediática de propiedades de algunos candidatos se ha utilizado para desatar una guerra sucia en su contra. Si la exposición de la información patrimonial de los candidatos fuera generalizada, reduciríamos la posibilidad de que sean las filtraciones de notas escandalosas lo que alimente las contiendas.
Es imperativo retomar el proceso legislativo para discutir y aprobar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción en un periodo extraordinario para cumplir con el mandato constitucional, pero sobre todo, para que nuestra clase política demuestre que se hace cargo de la corrupción, que es el cáncer que corroe nuestra vida pública.
Académica de la UNAM.
peschardjacqueline@gmail.com
