La divulgación del padrón electoral en la página de Amazon, con los datos de identificación de casi 90 millones de ciudadanos mexicanos, es una violación grave al derecho a la protección de datos personales y hay indicios de que quien cometió el delito fue alguno de los partidos políticos nacionales.
El INE es el responsable de recabar y resguardar los datos que proporcionamos los ciudadanos para elaborar el registro de electores que sirve de base para organizar los comicios. Desde los años noventa, la desconfianza de los actores políticos en la autoridad llevó a que la ley electoral estableciera que los partidos deben recibir una copia de la lista nominal de electores cada vez que hay una elección, para verificar que no existen sesgos que puedan favorecer a alguna fuerza política en particular. La desconfianza llevó a que la base de datos circulara entre varias manos, al margen del control de la autoridad responsable.
La desconfianza en las autoridades puede ser un motor eficaz para generar reacciones positivas de los gobernantes, pues da lugar a que se reformen leyes, o se corrijan procesos políticos, o programas y políticas públicas para hacerlos más justos, más incluyentes y transparentes, y eventualmente restituir la confianza de las personas.
En este caso, la respuesta a la desconfianza de los actores políticos en la autoridad ha mostrado su lado nocivo, pues, al depositarse en tantas instancias, el documento oficial que contiene el mayor número de datos personales de los mexicanos puede ser utilizado para propósitos distintos a los fijados en la ley, exponiendo a las personas no sólo a ser perturbadas en su vida privada, sino incluso a ser blanco de actos criminales como la extorsión o el secuestro.
El INE ha declarado que la filtración ilegal del listado electoral no se debió a que sus sistemas de seguridad sean vulnerables y que tiene indicios de quién pudo cometer el delito, gracias a que se colocaron marcas digitales en las copias que se entregan a los partidos políticos, es decir, la huella informática servirá para ubicar al culpable.
No es la primera vez que se hace uso indebido del listado nominal, en 2003 se vendió en 250 mil dólares a una empresa norteamericana (Choice Point) que se dedica a comercializar con grandes bases de datos y la investigación que se hizo entonces mostró que el infractor no era empleado de la autoridad electoral.
Las lecciones de este nuevo atentado a la privacidad deben llevar al INE y a los actores políticos a tomar cartas en el asunto. Hace ya muchos años que el padrón electoral dejó de ser tema de controversia. La última vez en que lo fue se remonta a 1994 cuando algunos partidos denunciaron que había 8 millones de nombres repetidos que inflaban el listado nominal. El resultado de la investigación mostró que se trataba de homónimos reales, pues existen muchos mexicanos que tienen el mismo nombre y apellidos. El reclamo llevó a reforzar los mecanismos informáticos de seguridad para garantizar la integridad del padrón. Hoy, los consejeros electorales han propuesto que los partidos políticos sólo tengan acceso al listado nominal completo, directamente en las instalaciones del INE.
Por lo pronto, el hecho de que existan indicios sobre la autoría del ilícito de traficar con el registro electoral debe llevar a que el Ministerio Público actúe con celeridad para ofrecer resultados rápidos de la investigación, a fin de que se imponga una sanción ejemplar a quien resulte responsable. Sólo así se podrán inhibir futuras violaciones a la privacidad y la seguridad de los ciudadanos; sólo así se podrá rescatar parte de la confianza perdida en las instituciones políticas. Las herramientas informáticas deberían de servir para aclarar con nitidez hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de los que tienen acceso al padrón electoral.
Académica de la UNAM.
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