Si algo ha demostrado el escándalo de dimensiones globales de los “Papeles de Panamá” es que la transparencia se está imponiendo como mecanismo para combatir actividades ilícitas, no sólo en entes gubernamentales, sino en organizaciones privadas. Cada vez es más claro cómo la opacidad sirve para evadir impuestos y esconder el origen ilegal de recursos. Sin embargo, los paraísos fiscales existen y están permitidos, aunque operen al margen del escrutinio de las autoridades hacendarias de los diferentes países.
Quizá por ello la reacción inmediata del gobierno mexicano ante el escándalo, a través del titular del SAT, fue enfatizar que no es ilegal invertir en empresas offshore, ubicadas fuera del país de residencia y operadas en paraísos fiscales, siempre que se hayan reportado las ganancias respectivas, para efectos del pago de impuestos en nuestro país.
Si esto es así, ¿por qué la sola revelación de los “Papeles de Panamá” puso en problemas a políticos en altos cargos gubernamentales? El primer ministro de Islandia presentó su renuncia, el inglés David Cameron tuvo que aclarar públicamente que antes de asumir el cargo había cancelado su participación en las empresas abiertas por su padre y el presidente Macri, de Argentina, está siendo investigado por un fiscal para verificar que hubiera incluido en su “declaración jurada” a las empresas con las que se le involucra. Incluso personalidades fuera del ámbito del poder público como Mario Vargas Llosa, Messi, o Almodóvar se vieron en aprietos, debiendo aclarar las circunstancias de sus supuestas participaciones. Sólo gobiernos sin tradición democrática, como el de Putin o el rey de Marruecos, optaron simplemente por negar el hecho.
La difusión de más de 11 millones de documentos sobre operaciones financieras, gestionadas a través de la oficina panameña Mossack Fonseca, evidenció la tensión que existe entre dos derechos: 1) La libertad de las personas para invertir su patrimonio dentro o fuera de su país de residencia y para que no se difundan sus declaraciones fiscales, por contener datos personales patrimoniales y 2) la obligación de rendir declaraciones fiscales completas y, en el caso de los funcionarios públicos, de presentar periódicamente sus declaraciones patrimoniales, que en muchos países ya son públicas.
Entre estos derechos, la transparencia va ganando terreno y así lo demuestran las exigencias, tanto de organizaciones civiles como de organismos multilaterales, como la OCDE o el FMI, que reconocen la urgencia de construir una red para luchar en contra de los paraísos fiscales que escapan al escrutinio de los países.
Los “Papeles de Panamá” son un salto en transparencia, ya que a diferencia de hace unos años, con los escándalos de WikiLeaks, en que el debate público se puso en las filtraciones de los documentos gubernamentales confidenciales y su divulgación por diversos periódicos, en esta ocasión la atención no está en quiénes filtraron la información a la prensa alemana. Tampoco ha preocupado mayormente el hecho de que entre los financiadores de la investigación periodística esté la agencia norteamericana USAID.
Es cierto que es diferente el impacto de revelaciones sobre documentos gubernamentales clasificados, que sobre datos personales confidenciales. En este caso, el derecho de las personas a la confidencialidad quedó plenamente rebasado por lo dudoso de la operación financiera que, si bien ofrece protección a recursos legales, hace lo mismo con dinero ilegal, producto de tráfico de armas, de drogas, lavado de dinero, etcétera. Al confundirlos, está claro que los paraísos fiscales son espacios ideales para esconder y alimentar la corrupción y los conflictos de intereses, dañando la integridad de las sociedades. Los “Papeles de Panamá” lo demostraron: la solución es la transparencia.
Académica de la UNAM.
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