Si algún poder debiera ser particularmente escrupuloso en el ejercicio del gasto público es el Legislativo; es el que debe cuidar con esmero que los recursos que maneja estén debidamente sustentados y transparentados, en primer lugar porque a la Cámara de Diputados le compete la fiscalización de la cuenta pública federal, a través de la Auditoría Superior de la Federación, pero también porque es el órgano de la representación popular del país. Sin embargo, el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública de 2014, que presentó en días pasados la ASF, muestra cómo ambas cámaras de nuestro Congreso federal registran irregularidades y anomalías en el ejercicio del gasto, particularmente en lo relativo a recursos que se asignan a los grupos parlamentarios y a los propios legisladores. Lo más grave del asunto es que no se trata de un comportamiento circunstancial o coyuntural, sino que ha sido constante a lo largo de los años.
La renuencia de los grupos parlamentarios a rendir cuentas sobre el dinero que se les entrega para servicios personales de los legisladores, bajo el argumento de que no forman parte de la estructura orgánica del Congreso, hizo que se incorporara en la Ley General de Transparencia la obligación de poner a disposición del público las contrataciones de servicios personales tanto de los órganos de gobierno y comisiones, como de las propias bancadas. (Artículo 72, XII)
Los datos de la fiscalización muestran las irregularidades, especialmente en el caso de las subvenciones y los subsidios que reciben los grupos parlamentarios. En la Cámara de Diputados, dicho rubro fue de 1,944 millones de pesos, lo que representa el 26.5% de su presupuesto y, de manera extraordinaria se otorgaron 125 millones adicionales (250mil pesos para cada diputado), sin la debida comprobación que permitiera identificar el motivo del gasto. Además, de los 500 millones de pesos destinados a la remodelación del edificio de la Cámara, sólo se acreditaron 290 millones, porque el resto se utilizó para gasto corriente, es decir, se desviaron recursos.
En el Senado, las anomalías son doblemente alarmantes porque, a diferencia de los diputados, los senadores actuales eran parte de la pasada legislatura a la que corresponde la Cuenta Pública de 2014. Los datos del Informe de Fiscalización muestran que la partida de subvenciones y subsidios fue de 1,307 millones de pesos, una tercera parte del presupuesto total, sin que contara con la adecuada documentación soporte. El gasto del Senado en partidas discrecionales a los grupos parlamentarios fue de 440 millones, los cuales se tomaron de otras partidas de gasto, es decir, se desviaron de su propósito original. Está claro que la discrecionalidad y la opacidad fueron la regla.
El gran problema de las malas cuentas ofrecidas por el Congreso es que, si acaso, tienen consecuencias morales para los legisladores. Esto explica que, en el contexto del anuncio del gobierno del recorte presupuestal de 132 mil millones de pesos, los líderes del Senado hayan propuesto un programa para reducir sus costos en comisiones legislativas de los grupos parlamentarios por 300 millones. Además, las asignaciones a las bancadas ya no serán manejadas por ellas mismas, sino por la Dirección de Administración del Senado, lo cual permitirá reducir la discrecionalidad en el uso de los recursos y, eventualmente, cumplir con la Ley de Transparencia.
La SHCP insiste que nuestra quebrantada economía obedece a los factores externos de la caída del precio del petróleo y la del peso frente al dólar, sin embargo, al ver que la Fiscalización sobre 2014 habla de anomalías e irregularidades por 70 mil millones de pesos, está claro que mucho ayudaría que se corrigieran desviaciones y se evitaran malos manejos en el gasto gubernamental.
Académica de la UNAM
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