En nuestro país, es tan común que se negocie la aplicación de la ley que resultó sorpresivo que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunciara que se cesará a los 291 maestros y técnicos docentes que, sin justificación alguna, no participaron en la prueba de evaluación diagnóstica, realizada entre agosto y principios de octubre pasados.
Por audaz que parezca su declaración, se trata simplemente de cumplir con los dispuesto en los artículos 22, 69 y 74 de la Ley General de Servicio Profesional Docente, que establece los criterios y procedimientos para el ingreso, la promoción y permanencia en el servicio, así como las sanciones por incumplimiento.
Desde la promulgación de la mencionada ley reglamentaria del Artículo 3º Constitucional, en septiembre de 2013, la práctica recurrente ha sido que las autoridades estatales y federal cedan ante las presiones de la CNTE, o la CETEG, cuyos integrantes se resisten a ser evaluados.
La inaplicación de la norma se debe, en buena medida, a que la autoridad carece de legitimidad para enfrentar eficazmente el conflicto y a las movilizaciones de protesta violenta. No es casual, que varios gobernadores intentaran modificar las leyes secundarias en la materia para contravenir la evaluación educativa, ni tampoco que el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, declarara que no descontará el día de salario a los maestros que faltaron a clase el pasado 12 de octubre, para participar en una manifestación en contra de la reforma educativa. Ortega no sólo desaplica la norma por temor al conflicto, sino contradice al propio Nuño. El secretario reaccionó señalando que si no se descuenta el día a los maestros faltantes, podrá iniciarse un proceso por responsabilidades al respectivo servidor público. Es decir, no apegarse a la norma tendrá consecuencias para la autoridad.
Es tan inusual que las autoridades se ciñan a la legalidad, sin dobles discursos, que han surgido comentarios escépticos, llamando la atención sobre la posibilidad de que la inconformidad de los sancionados sea aprovechada por la CNTE para reforzar su capacidad de chantaje. Afirman, también, que es posible que la reforma educativa entre en un proceso incierto de judicialización, porque los maestros suspendidos pueden impugnar la resolución de despido ante los tribunales de conciliación y arbitraje. Seguramente, el propio SNTE apoyará la defensa legal de sus agremiados despedidos y los amparos quedarán en manos de la interpretación legal de los jueces laborales.
Para que el mensaje del secretario de Educación sea un incentivo eficaz para inhibir conductas contrarias a la reforma educativa, pero sobre todo para que sea el inicio de una ruta para robustecer nuestro contrahecho Estado de derecho, es indispensable que todas las autoridades en los distintos niveles de gobierno se pongan en sintonía con la legalidad. Es decir, que en lugar de aplazar o ignorar el cumplimiento de la ley, ofrezcan toda la información necesaria para que los maestros sepan lo que significan tanto la prueba de diagnóstico, como la de evaluación del desempeño que habrá de realizarse en noviembre próximo. La ley señala que someterse a las pruebas de evaluación sirve para ubicar qué docentes requieren de capacitación adicional para mejorar sus destrezas, en cambio, rehusarse a participar lleva a la cancelación del contrato de servicio.
Lo peor que puede suceder después de este anuncio de respeto a la legalidad es que la autoridad educativa dé marcha atrás, sobre todo considerando que en 2016, habrá elecciones para renovar 12 gubernaturas. Este mismo 2015, fuimos testigos de cómo en contextos electorales, la autoridad se siente acorralada y recula. Bienvenida la aplicación de la ley educativa, hay que darle consistencia y continuidad.
Académica de la UNAM
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