No hubo sorpresas en el paquete económico 2016 que en días pasados presentó la Secretaría de Hacienda al Congreso. Los recortes al gasto público están al día, tal como se había anunciado, pero claro que no se aplicarán por igual a los distintos rubros. El problema es que el rubro más castigado es justamente el de la inversión pública que sufrió una caída de 20 por ciento, para quedar en la cifra más baja de los últimos cuarenta años.
No se necesita ser un experimentado economista para entender que es imposible visualizar una reactivación de la economía, que genere empleos y fomente la productividad, sin mayor inversión, sobre todo en infraestructura. Además, hay que introducir cambios efectivos en la orientación del ejercicio del gasto y para ello contamos con una masa crítica de expertos que tienen mucho que decir al respecto.
En este escenario negativo que vivimos y que sólo en parte se debe al adverso contexto internacional, la mala noticia es que el paquete económico se centra en medidas de austeridad, e insiste en un gasto social que ha probado su ineficacia para reducir significativamente la pobreza y desigualdad (así lo han demostrado los datos del Coneval).
Pero, hay una buena noticia: la declarada activación de organizaciones de la sociedad civil que saben del tema y que no sólo están mostrando vitalidad para denunciar los errores y desviaciones en las políticas públicas, sino que han ofrecido propuestas técnicas y políticas de solución, a partir de ampliar la deliberación pública, e incorporar a un mayor número de voces.
En efecto, en días pasados un conjunto de organizaciones sociales, encabezadas por el Colectivo de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, que agrupa a 60 organizaciones, Sociedad en Movimiento y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, hicieron un pronunciamiento sobre nuevas políticas para combatir la desigualdad y la pobreza, con un planteamiento básico: que México tiene un problema estructural en esa materia, pero que es posible revertir las tendencias negativas en un plazo relativamente corto, si se ponen en marcha cuatro grandes medidas: 1) eliminar programas sociales redundantes y que no han ofrecido resultados, así como subsidios regresivos y la condonación de impuestos a grandes empresas; 2) reducir significativamente el uso político del gasto público que incluye tanto bonos y pagos extraordinarios a servidores públicos, propaganda gubernamental, partidas discrecionales de los legisladores y el enorme financiamiento público a los partidos políticos; 3) fortalecer la inversión social en salud, educación e infraestructura productiva y mecanismos efectivos de combate a la corrupción, así como una política de recuperación de los salarios; 4) crear mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana para el uso eficiente de los recursos públicos.
La idea es no contentarse con medidas de ajuste al gasto, sino replantear a fondo su ejercicio, para lograr una mejor distribución del ingreso. El subrayado es que en vez de recortes, se construya un gasto público más ordenado, más transparente y, sobre todo sin corrupción. Para ello, es necesario potenciar los mecanismos de contraloría social que ya existen, conectándolos con el sistema nacional anticorrupción que está en proceso.
Hay que destacar que este pronunciamiento está respaldado por una pluralidad de grupos, pues hay socialdemócratas y de izquierda nacionalista, así como asociaciones empresariales y religiosas. Esto revela lo extendida que está la preocupación por que el Congreso abra sus puertas para que la experiencia y el conocimiento técnico de las organizaciones civiles contribuyan a una deliberación más rica que derive en un esquema presupuestal que trastoque las tendencias de permanencia de la pobreza y la desigualdad.
Académica de la UNAM.
peschardjacqueline@gmail.com
