26 fallas encontró la CNDH en la investigación que lleva a cabo la PGR sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hace ya diez meses.
Aunque es aún preliminar, el informe elaborado por la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, deja a la PGR en calidad de reprobada, porque su actuación ha sido deficiente en un asunto que ha marcado un antes y un después en la historia reciente de nuestro país.
El informe está sustentado en análisis documentales, trabajo de campo, entrevistas y visitas a los lugares de los hechos. Abarca la revisión de expedientes y de las intervenciones periciales de autoridades ministeriales tanto federales como estatales, así como reuniones con expertos internacionales en materia de violaciones a derechos humanos. Es decir, es una evaluación de las acciones y omisiones en que pudieron incurrir las autoridades federales, estatales y municipales antes, durante y después del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Las 26 observaciones hechas por la CNDH a la PGR hablan de retrasos y de insuficiencias en la investigación que van desde la falta de fichas de identificación precisas de los desaparecidos, que son herramientas básicas en los procesos de búsqueda, pasando por peritajes incompletos en diferentes materias. Tampoco hay un desahogo exhaustivo de las diligencias ministeriales que son indispensables, ni se han agotado todas las líneas de investigación sobre la participación de los indiciados en la llamada “ruta de la desaparición”. Falta completar las comparecencias de policías federales y militares destacados en Iguala en esas fechas, y hay órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar. Tampoco se ha investigado el modus operandi de las bandas criminales en la zona —Guerreros Unidos y Los Rojos—, la posible disputa territorial entre ambas y de qué manera ésta impactó en los dramáticos sucesos.
Es cierto que el informe de la CNDH no está focalizado solamente en la PGR, pues contiene seis observaciones adicionales, dirigidas a autoridades como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que no ha construido un plan de acción integral para la reparación colectiva del daño infligido a víctimas y familiares, la Fiscalía General de Guerrero que no ha logrado detectar pruebas fehacientes en contra de los 22 policías que participaron en los hechos y el ayuntamiento de Iguala, que ha sido omiso en restablecer la seguridad pública en el municipio.
No cabe duda que el paso del tiempo tiende a disminuir la intensidad de la protesta social, pero las instituciones estatales no pueden darse el lujo de bajar la guardia en este capítulo en el que se presume una connivencia entre autoridades y organizaciones criminales; esto es, que hay una violación grave de derechos humanos por desaparición forzada. Por eso, son relevantes las observaciones y recomendaciones de la CNDH para que la PGR acelere y complete las indagaciones para determinar qué fue lo que sucedió, castigar a los culpables y hacer posible la reparación de las ofensas a las víctimas y sus familiares.
Mucho se ha insistido en que el caso Iguala evidencia las enormes fallas de nuestro sistema de procuración de justicia y la ruptura de nuestro Estado de derecho. El informe de la CNDH muestra lo importante que es que exista una entidad pública capaz de vigilar documentadamente el trabajo de las agencias ministeriales que, por su naturaleza, se desarrolla en el mayor de los sigilos y al margen del escrutinio público, salvo cuando hay violaciones graves a derechos humanos.
La PGR debiera aprovechar esta llamada de atención para retomar el ímpetu inicial en la investigación del caso Iguala, haciéndose eco de lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “en casos sobre desaparición forzada de personas es indispensable que la investigación se realice sin dilación para hacer efectiva la búsqueda de los desaparecidos.”
Académica de la UNAM
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