La desigualdad es el problema más ofensivo y lacerante que padece nuestra sociedad y lo peor es que nuestros avances en democracia no han servido para reducirla. Es más, la desigualdad es hoy el fenómeno más corrosivo para nuestras incipientes instituciones democráticas, porque erosiona las bases de una convivencia tolerante, plural y aierta.
Para combatir la desigualdad hay que trabajar en diferentes frentes, pero la transparencia y la rendición de cuentas son herramientas claves y así lo señaló recientemente el estudio sobre desigualdad que elaboró Gerardo Esquivel para Oxfam, en el que propuso un gran pacto nacional por la igualdad.
Los datos son deprimentes, México está en el 25% de países más desiguales del mundo; la economía se ha estancado, pero la desigualdad extrema ha crecido; entre 2007 y 2012, los millonarios mexicanos crecieron en un 32%, mientras que el promedio mundial disminuyó en 0.3%; el 1% más rico concentra el 21% de los ingresos totales del país y los 4 hombres más ricos que, en 2002 acumulaban el 2% del PIB, hoy absorben el 9%, o sea, la riqueza se concentra cada vez más.
No se necesita ser economista para entender que la desigualdad extrema limita cualquier mejoría en la lucha contra la pobreza y los datos de la Encuesta de Ingresos y
Gastos, difundida por el Inegi en días pasados, confirma las tendencias negativas inauguradas en 2008. El ingreso corriente y el laboral de los mexicanos sigue cayendo y lo mismo pasa con el gasto corriente en los hogares (entre 2012 y 2014 cayó 4.8%) y esta caída es en alimentación, educación y salud que son los rubros esenciales para imaginar una mejora en la desigualdad.
Aunque será a finales de mes cuando el Coneval ofrezca sus resultados sobre la pobreza en México, 2014, no parece aventurado pensar que los datos sobre el ingreso de las familias ratifiquen las tendencias negativas. Por ello, hay que insistir en la urgencia de lanzar un gran pacto nacional por la igualdad que el gobierno tiene que encabezar, pero que es impensable sin la acción de la ciudadanía.
Para Esquivel, el pacto nacional por la igualdad requiere cinco grandes acciones de dimensiones sustantivas: 1) un Estado social que deje de ser dador de servicios para convertirse en uno que los garantice con un enfoque de derechos; 2) una política fiscal progresiva y distributiva para que sea más justa; 3) un gasto público focalizado en educación, salud, infraestructura; 4) una política salarial y laboral para incrementar el poder de compra de los salarios mínimos y 5) transparencia y rendición de cuentas.
Abordaré la propuesta de transparencia y de rendición de cuentas porque es una política pública que atraviesa transversalmente a las otras y es un asunto que han tomado en sus manos importantes organizaciones de la sociedad civil para asegurar que las iniciativas no sean meros enunciados, para que los asuntos se discutan seriamente y no se queden en promesas vagas y para presionar a las autoridades a que emitan las leyes necesarias y vigilar que las traduzcan en prácticas sociales efectivas de transparencia y rendición de cuentas.
El énfasis de Esquivel está puesto en la publicación de las declaraciones patrimoniales y las de conflictos de interés de los funcionarios en todos los niveles de gobierno.
La sociedad organizada ha sido muy activa en estos rubros, pero las autoridades y los legisladores mantienen posiciones erráticas, no sólo porque están de por medio privilegios que han mantenido gracias a la secrecía, sino porque son terrenos en los que el Estado, con frecuencia, es capturado por los intereses privados.
La lucha contra la desigualdad es urgente para que no se desmoronen nuestras frágiles instituciones democráticas. Los diagnósticos y las propuestas están ahí. Como siempre, lo que falta es una decidida voluntad política.
Académica de la UNAM.
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