La corrupción nació con el hombre de la mano del poder político y económico, como forma ilegítima de obtener recursos fuera de la Ley y como una manera de violar no sólo su aplicación, sino también el libre juego económico, la calidad y la competitividad. Ahora ha invadido la justicia, abonando la impunidad y la inseguridad.
En un país desarrollado existe la estructura legal y humana para reprimir a los corruptos, y la educación y cultura social de repudio hacia ellos. Mientras que en los países en transición como el nuestro, la corrupción ha sido admirada y aplaudida. En México se ha legislado, pero los esfuerzos están muy lejos de lograr un resultado eficiente en su prevención y combate.
La operación “manos limpias” ejecutada en Italia a principios de los 90, hizo pagar a ese país, un alto costo en la lucha de los jueces para desterrar a la mafia y reprimir a los políticos y empresarios ligados con ella. Uno de ellos le comentaba al juez Antonio di Pietro que no se esforzara, que él se iría gustoso a la cárcel, guardando sus secretos porque estaba seguro de que las cosas volverían a la normalidad.
La corrupción ha crecido, los índices de la OCDE colocan a México como el país más corrupto de sus miembros y los ciudadanos lo saben y sufren. Lo que antes se observaba en el agente de tránsito o el policía, hoy se ha extendido a casi todos los altos mandos de la administración federal, gobernadores y autoridades municipales, que se han involucrado con el narcotráfico. Agravándose la corrupción no sólo por extenderse a los tres niveles de gobierno, sino porque se ha convertido en narcopolítica y delincuencia organizada, a un costo muy elevado para todos.
El problema ha desbordado al Sistema Político. Nunca antes se había presentado un fenómeno de estos alcances.
Este problema no es nuevo, ya desde el sexenio del presidente de la Madrid, se planteó “la renovación moral de la sociedad” y se organizó un gobierno austero y sobrio. Creó la Secretaría de la Contraloría y se enjuiciaron a varios altos funcionarios por delitos de corrupción. Pero el sistema nació muerto. Era selectivo y sólo actuaba contra quien autorizaba el Ejecutivo. Lo mismo sucede ahora 30 años después.
Ejemplos sobran: Pemex, CFE, SCT repletas de concesiones, contratos de obra pública, licencias y permisos, son fuentes naturales de corrupción que no han tenido en años ninguna modificación. Es necesario acudir a la experiencia de Hong Kong, que con una comisión independiente ha obtenido buenos resultados en su lucha contra la corrupción.
Por otra parte, los gobernadores tienen en muchos casos historia negra documentada y siguen impunes. Layin, candidato a gobernador, que “sí ha robado, pero poquito”, un fiscal que cuenta con 260 millones de dólares, en México no se les persigue. El problema es grave porque los actores pertenecen a todos los partidos políticos. La política se ha podrido. La podredumbre no es exclusiva del PRI.
No se profundizan las investigaciones ni se decomisan las riquezas y dinero de narcotraficantes. De los detenidos no hay información sobre sus bienes mal habidos y de los 12 gobernadores investigados, fuera del caso Veracruz, no se conocen cantidades aseguradas.
La tarea no se agota con la investigación y persecución, implica además el aseguramiento y decomiso de los productos de la corrupción. Mansiones, yates, aviones, departamentos y cuentas bancarias se conocen en el extranjero, sin embargo, el gobierno no actúa frente a estos hechos, por ello es necesario y aun más importante, reaccionar con voluntad política para combatirla.
Narcotráfico, corrupción e impunidad son un cáncer que colocan a nuestro país como un enfermo terminal. Los esfuerzos y planes actuales aprobados y pospuestos van a tener un pobre resultado. De no actuar el gobierno pasará a la historia como actor central de los escándalos como la Casa Blanca, Malinalco y Odebrecht. La diferencia estriba en que los otros países se castigan a los corruptos y en México no pasa nada. Ya basta de atole con el dedo.
Notario público y ex procurador general de la República
