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La Secretaría del Trabajo se acaba de pronunciar en una reciente publicación por la regulación del trabajo doméstico y a favor de que México ratifique el Convenio 189 de la OIT, un documento internacional vinculante que contiene medidas específicas para proteger los derechos de las y los trabajadores del hogar. Por medio de dicho Convenio, México asumiría un compromiso formal para reconocer el trabajo del hogar como cualquier otro trabajo, sin discriminación, y con todos los derechos que eso implica.
En el libro El trabajo doméstico en México: La gran deuda social, de reciente publicación, la STyPS no sólo presenta un diagnóstico que reconoce la extrema precariedad en que viven las trabajadoras del hogar en México (95% de quienes se dedican a esta actividad son mujeres). También ofrece un programa ambicioso y una ruta de largo plazo para superar un enorme rezago histórico.
Hablar de trabajo del hogar remunerado es referirnos a un sector muy relevante de nuestra economía. Una de cada 25 personas ocupadas en México y más del diez por ciento de las mujeres que participan de la economía se dedican al trabajo del hogar. Son en total 2.3 millones de personas (casi la población total de Tabasco) las que se dedican a esta actividad laboral ampliamente desvalorizada y poco reconocida.
Nueve de cada 10 trabajadoras del hogar en México no cuentan con contrato laboral, más de un tercio percibe un sueldo inferior a un salario mínimo y la mitad no recibe aguinaldo.
Entre la mayor parte de las empleadoras y empleadores, sin embargo, no existe una conciencia de que el trabajo que estas personas ejercen es propiamente un trabajo y que las trabajadoras del hogar deben tener los mismos derechos que cualquier persona trabajadora. Es muy común encontrar empleadoras y empleadores que creen que están haciendo un favor al “darles un trabajo”, aunque sea mal pagado y sin prestaciones sociales, porque de otra manera estarían desempleadas.
El estatus del trabajo del hogar en México bien podría ubicarse en el medioevo. Hasta las familias más progresistas dan a estas trabajadoras un trato que puede asemejarse a una forma moderna de esclavitud. El hecho de que un cuarto de la población considere aceptable darles sobras de comida es una muestra de ello.
Pero lo más grave de todo es que la Ley las discrimina abiertamente: establece implícitamente una jornada laboral de 12 horas (cuando para cualquier trabajador es de ocho); permite que la habitación y la alimentación sean consideradas como parte de su pago; autoriza al empleador a terminar la relación laboral en cualquier momento, sin necesidad de comprobar una causa, y en el colmo del anacronismo, obliga a las trabajadoras del hogar a guardar “consideración y respeto” hacia el patrón y su familia.
Existe además una enorme deuda en cuanto a la seguridad social: al no ser obligatoria, sino voluntaria, la afiliación de las trabajadoras del hogar a este derecho es prácticamente inexistente. Sólo 3 mil trabajadoras del hogar en todo el país (0.1%) lo disfrutan. Las trabajadoras del hogar no sólo carecen de un derecho a la salud, sino que en el momento más vulnerable de sus vidas, al convertirse en adultas mayores, quedan completamente desprotegidas.
Varios países de nuestra región, con economías tan grandes o menores a la nuestra, ya han mostrado que es posible combatir seriamente la discriminación hacia este sector. Trece ya ratificaron el Convenio 189 de la OIT; casi todos ya tienen disposiciones legales que establecen una afiliación a la seguridad social obligatoria (solo México y tres más mantienen un régimen de afiliación voluntaria) y, mientras que en México los salarios quedan sujetos a la discreción de las y los empleadores, 16 países latinoamericanos ya establecen un salario mínimo para las trabajadoras del hogar o lo incluyen en el salario mínimo general.
Hay un dato que habla por sí solo: En Argentina, el sindicato de trabajadoras del hogar más antiguo se creó en 1901 y obtuvo su registro en 1946. En México, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar apenas se integró formalmente, para el Distrito Federal, en 2016. Ese es el tamaño de nuestro atraso en esta materia. Reconocer plenamente el trabajo del hogar y sus derechos es pagar una deuda histórica elemental.
Coordinador de Asesores de Conapred
