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Hace unos meses, miles de ciudadanos apoyamos una iniciativa de ley (http://ley3de3.mx) que buscaba, entre otras cosas, obligar a todos los servidores públicos a que presentaran e hicieran pública su declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Esta parte de la iniciativa buscaba formalizar una plataforma impulsada por varias organizaciones de la sociedad civil en la que diversos funcionarios, representantes populares y otros personajes de interés público han venido presentando estas tres declaraciones de manera voluntaria desde hace algún tiempo (http://tresdetres.mx).
Tanto la plataforma como la iniciativa de Ley pretenden transparentar los ingresos, el patrimonio, los intereses y el cumplimiento fiscal de los funcionarios públicos. Ambos proyectos forman parte de los intentos de la ciudadanía por luchar contra la corrupción. Evidentemente, ni una ni otra van a acabar por sí mismas con la corrupción. Sería ingenuo siquiera pensarlo. Es por ello que en la iniciativa de ley se incluían muchos otros temas que posteriormente fueron retomados para el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, que aún está en proceso de implementación.
Existe, sin embargo, un aspecto en el que la difusión de las declaraciones 3de3 podría servir de manera inmediata en el debate público y eventualmente en los procesos anticorrupción. De entrada, esta información permitiría el escrutinio de la ciudadanía sobre el estilo de vida de los personajes públicos, sobre el monto de su riqueza, sobre la correspondencia entre sus ingresos y sus gastos, sobre la fuente de sus ingresos, sobre la evolución de sus activos, etcétera. Estas declaraciones eventualmente podrían ser utilizadas en procesos legales en caso de que los funcionarios mintieran o en caso de que incumplieran con sus obligaciones fiscales.
Curiosamente, en fechas recientes hemos sido testigos de un fenómeno muy interesante. Los presidentes de los cuatro partidos políticos más grandes del país presentaron su 3de3 y los resultados fueron muy heterogéneos. Mientras que dos de ellos declararon tener ingresos y propiedades millonarias (Alejandra Barrales del PRD y Enrique Ochoa del PRI), el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, declaró tener ingresos familiares de alrededor de cien mil pesos mensuales y ninguna propiedad individual. El Presidente del PAN, Ricardo Anaya, presentó una declaración en un punto intermedio entre ambos extremos.
De manera un tanto sorprendente, el escrutinio público se concentró en la declaración de López Obrador. Al parecer llamó mucho más la atención de analistas el que un político dijera no ser millonario que lo contrario. Mucha tinta se derramó en esos días sobre este tema.
En contraste, casi nadie escribió sobre la riqueza o los ingresos de los otros líderes partidistas. Nadie notó, por ejemplo, la incongruencia entre los ingresos de Enrique Ochoa por actividad empresarial (un millón 442 mil 702 pesos) y su posesión de una flotilla de 50 taxis. Noten que esto implicaría que cada taxi le deja únicamente 79 pesos diarios, lo que es apenas un poco más del salario mínimo nacional. Una pésima inversión.
Casi nadie notó tampoco las propiedades millonarias de Alejandra Barrales. Sólo en bienes inmuebles su riqueza es cercana a los 25 millones de pesos. ¿Cómo se hizo de esos bienes? ¿Corresponden a su historial de ingresos? Por otro lado, el caso de Ricardo Anaya, tal cómo se ha revelado recientemente, amerita otra columna por sí mismo.
En última instancia, sin embargo, no deja de llamar la atención el uso que se le ha dado a la información vertida en la 3de3. Tal parece que analistas y periodistas están más dispuestos a cuestionar la medianía que la opulencia, la congruencia que la incongruencia. Es el mundo al revés de la 3de3.
Economista.
@esquivelgerardo
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