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Ríos de tinta, declaraciones, tuits, recomendaciones. Una auténtica cruzada en defensa de las libertades individuales, del derecho a la privacidad, a la imagen propia. Y todo eso porque un funcionario de la delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, decidió salir a la calle a combatir a infractores a normas básicas, armado con un misil nuclear: su teléfono celular y un generoso plan de datos que le permite subir a las redes sus intercambios con los “ciudadanos”.
(No conozco personalmente a Arne aus den Ruthen y tengo apenas una relación cordial con su jefa, Xóchitl Gálvez, con quien jamás me he reunido para tratar asunto alguno. Nuestro contacto se limita a denuncias que he hecho públicamente como vecino de la delegación. Y mi mala relación con la anterior administración —es un decir— de la MH es de todos conocida).
Hay distintos ángulos desde los cuales se puede abordar esto: el estrictamente legal; el del derecho o no a la privacidad en la vía pública; el del protagonismo de algunos servidores públicos. Está también el de la defensa de los derechos de quienes se ven afectados por la mala conducta de los infractores. Y, aunque en menor medida, el que a mí me parece uno de los más importantes: el de nuestra obligación, como ciudadanos, como sociedad, de no tolerar los abusos y excesos de quienes dicen ser iguales a nosotros, pero que viven en el mundo paralelo de la impunidad, del cinismo.
En el aspecto legal se habla mucho de que la autoridad no puede hacer nada que la ley no le permita explícitamente. Y no existe reglamentación en torno al uso de imágenes de infractores en las redes sociales. No soy abogado, pero creo que la obsolescencia tecnológica de una ley o reglamento no debería ser impedimento para que se observe el espíritu de la misma. Más aún, me parece elemental que no existe una expectativa realista de privacidad para quien viola la ley en la vía pública y en flagrancia. ¿Cómo alegar su derecho a preservar su imagen y su honra? ¿Cuál honra? Si no quieren que los exhiban, no lo hagan.
Me llama mucho la atención la súbita intensidad de algunos que, diciendo defender el derecho a la privacidad, jamás se habían expresado al respecto cuando la policía da a conocer un video de un asalto en flagrancia y pide a la ciudadanía su cooperación para denunciar a los delincuentes. Abundan ejemplos en las redes sociales, pero nadie en México se había preocupado tanto y tan audiblemente por “esos” presuntos delincuentes.
Por otra parte, olvidan que los cotidianos abusos de quienes se estacionan en doble fila o sobre la banqueta, bloquean accesos peatonales, desobedecen señalamientos de tránsito, no se pueden resolver por la vía administrativa por una sencilla razón: estos personajes NO obedecen a la autoridad. ¿Cuántas veces no hemos visto a un tipejo desobedecer la indicación de un policía de tránsito, aventarle el coche encima, insultarlo o amenazarlo? Eso no parece indignar, pero es clara señal de nuestro absoluto desapego por la ley y las normas elementales de conducta en sociedad.
La prepotencia, el desacato y la impunidad no hacen caso de la amable indicación de la autoridad. Se requiere de la voz ciudadana, de la denuncia pública, del escarnio para que cambien sus conductas. En cualquier sociedad civilizada, el escándalo se centraría en quien viola la ley descaradamente y no en quien lo exhibe. Aquí confundimos el debate.
¿Hay protagonismo excesivo de Arne aus den Ruthen? No lo sé, no me importa. Lo que sí me importa es que por fin alguien parece haber encontrado una herramienta que incomoda a los que se creen omnipotentes. ¿Habrá que regularlo? Sin duda, pero por lo pronto deberíamos enfocar la ira de las buenas conciencias en contra de quienes se burlan de los demás con su prepotencia y falta de respeto por la ley, y no en quien se atreve a exhibirlos.
Analista político y comunicador
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