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Ocho años fue el plazo otorgado para implementar una de las más importantes reformas para los mexicanos, la del Sistema de Justicia Penal Adversarial (SJPA).
Se necesitaron miles de millones de pesos en inversión, para la construcción de edificios, programas de capacitación, armonización de normas, modificación de currículas académicas, entre otros grandes esfuerzos, en aras de brindar a los mexicanos un sistema que permita el acceso a la justicia, transparente los procesos judiciales y estuviese centrado en proteger los derechos de todas las personas involucradas en un juicio, tanto imputados, como víctimas.
Mantener el anterior sistema, el inquisitorio era impensable, demasiados los abusos, las muestras de fallas constantes, los errores, la falta de justicia.
Atentos a estas razones, escuchamos, a lo largo de los últimos 8 años, a un conjunto de autoridades de todos los niveles hablar de las innegables bondades que el sistema adversarial traería y como era urgente abandonar el sistema tradicional.
Desde el Congreso de la Unión, la Secretaría de Gobernación y hasta los gobiernos locales, nuestros representantes afirmaron una y otra vez que, gracias a esta transformación, México sería un país más justo.
La gran preocupación que expertos, sociedad civil y operadores compartieron a lo largo de esos 8 años se centró en qué tanto el conjunto de instituciones llegarían preparadas a la fecha límite del 18 de junio de 2016, fecha en que, según el mandato constitucional, el nuevo sistema debía ser implementado plenamente a nivel nacional.
A quienes plantearon prórrogas debido al conjunto de fallas observables, de personal mal capacitado, la respuesta fue categórica: el 18 de junio de 2016 México contará con un SJPA en pleno funcionamiento.
A un año de este proceso, desde el Comisionado Nacional de Seguridad, hasta gobernadores, procuradores y fiscales generales de los estados, secretarios de seguridad pública y titulares de las policías del país han responsabilizado al SJPA del aumento de la violencia en el país y de una u otra manera quieren dar un paso atrás.
En particular, culpan que el artículo 19 de la Constitución establece que será el juez quien decida si ordenar o no la prisión preventiva de ciertas conductas que antes, de manera oficiosa, permitían la privación legal de la libertad de un imputado.
Con el nuevo Sistema debe ser el ministerio público quien demuestre por qué alguien es un peligro para la sociedad, limitando así su acceso a los beneficios que la ley le otorga de enfrentar el proceso en libertad.
"El Sistema libera a delincuentes y hace difícil nuestro trabajo" dicen las autoridades; "el sistema deja en libertad a gente con armas con las que luego va y mata. Por eso ha aumentado el homicidio" insisten muchos de los titulares de las áreas de seguridad y justicia.
Claro, todos ellos omiten explicar la relación causal de los datos, sobre todo a la luz de cómo el homicidio inició su crecimiento en abril de 2015, un año y un mes antes que el Sistema estuviese plenamente implementado; omiten explicar a la opinión pública por qué si la ley prevé la posibilidad de solicitar la prisión preventiva, esta no se está otorgando debido a la incapacidad de los operadores de detener a los imputados conforme a la ley y/o demostrar cuán dañinos son para la sociedad.
El SJPA es la piñata a la que todos le pegan para evitar responder sobre las fallas de los operadores, sobre la simulación que autoridades locales mostraron alrededor de un proceso fundamental como era generar aquellas competencias necesarias que todo el Sistema requería.
Usemos como piñata al SJPA si esta permite justificar por qué si comparamos enero-mayo 2016 contra el mismo periodo del 2017 el homicidio doloso creció un 29.49%; el homicidio culposo un 13.93%; el secuestro 12.82%; la extorsión 30.17%; el robo con violencia 30.41%; el robo de vehículo 13.27%; el robo a negocio 41.52%, el robo a casa habitación un 2.46% y el robo a transeúnte 28.89%.
Culpemos al SJPA en vez de explicar qué estamos haciendo para desmantelar la estructura financiera de los delincuentes, de manera que ni compren seguridad, justicia, ni corrompan o se armen con facilidad.
Digamos que el SJPA no funciona, en lugar de explicar por qué somos incapaces de luchar contra la corrupción, tomar rectoría del sistema penitenciario, generar las capacidades institucionales y las competencias necesarias para que puedan actuar apegados a derecho todos los operadores del Sistema.
No queremos salidas fáciles, no queremos híbridos del Sistema que faciliten detenciones sin que se haya hecho lo necesario para resolver las deficiencias institucionales para procurar seguridad y justicia.
Por eso en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), nos reunimos con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Dr. Miguel Ángel Mancera, con el fin de escuchar las propuestas de los gobernadores sobre cómo mejorar las actuales condiciones de operación del Sistema, claros que todo proceso nuevo, puede requerir mejoras y éstas deben ser escuchadas respetuosamente.
Sin embargo, ningún cambio debe ser considerado si antes no contamos con operadores capaces de hacer funcionar adecuadamente al Sistema.
Ningún dato confirma las afirmaciones de que el Sistema pone en libertad a los delincuentes, hoy un imputado accede a los beneficios que le da la ley prevé si la autoridad es incapaz de demostrar lo contrario.
Ningún dato confirma que el delito esté creciendo por las fallas del Sistema, si acaso, sólo exhibe lo que ya sabíamos: nuestras autoridades o no saben o no pueden investigar y esto no cambia tengamos el sistema que tengamos.
Urgimos a nuestros gobernantes a que antes de descalificar un sistema, primero, cumplan con su responsabilidad de que opere como es debido.
@frarivasCoL
