Por el túnel de Almoloya no solamente se fugó el reo más famoso del país; está saliendo también una avalancha de críticas y reclamos que nos tenía reservada Estados Unidos desde que la administración Peña Nieto decidió aplicar la política de “ventanilla única” en la cooperación bilateral contra el crimen organizado. Es conocido que desde el primer día pensaron en Washington que esa política de concentrar todas las decisiones y toda la información de inteligencia en la Secretaría de Gobernación no iba a funcionar. La ira y la frustración acumuladas en la DEA, el FBI y los Departamentos de Estado y de Seguridad Interna de Estados Unidos comienzan a ventilarse ahora, con la fuga del Chapo Guzmán. Este enojo va poniendo a la vista del público información privilegiada, con el propósito de alterar la estrategia, a su juicio errónea, del gobierno mexicano.
En un ejercicio al que suelen recurrir las agencias norteamericanas, “fuentes anónimas” están ofreciendo la verdadera percepción que tienen de sus contrapartes mexicanas. De entrada les parece que el mecanismo de ventanilla única simplemente no funciona, ya que resulta más fácil para los grupos delincuenciales corromper o intervenir las comunicaciones de unos cuantos en Gobernación, que no saber si el operativo va a llegarles de parte de la Marina, del Ejército o de alguna otra corporación. Pero más allá de las posibles filtraciones, desde hace algunos años Estados Unidos ha dejado en claro que confía más en algunas instituciones, como es el caso de la Marina, que en otras más vulnerables, para compartir información delicada. Esa posibilidad quedó cancelada por parte del gobierno mexicano, ante lo cual, los norteamericanos optaron por guardarse información que no se sienten confiados en compartir.
Más aún. Con motivo de la fuga del Chapo, en Washington ahora se quejan abiertamente que han aportado datos relevantes para desmantelar organizaciones criminales y que las autoridades mexicanas no han actuado. Afirman que no están dispuestos a arriesgar la vida, infiltrando a las bandas criminales, para que después no haya operativos ni consecuencias. Sobra decir que la crítica generalizada gravita sobre la decisión del gobierno de México de negar en su momento la extradición de este personaje, con lo cual —a su juicio— se habría evitado la fuga y, más importante todavía, que desde el reclusorio se siguiera manejando el imperio del cártel criminal.
Llama especialmente la atención que a raíz de este escape, sean estas fuentes anónimas de la DEA, del FBI y otras corporaciones las que estén asociando el deterioro de la estrategia nacional con el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Muestran el asunto como la prueba del ácido de cuán equivocada y qué costosa puede ser la postura del gobierno de México en materia de seguridad. Es evidente que las agencias norteamericanas buscan tocar una fibra especialmente sensible para hacer reaccionar a nuestras autoridades y muestra la preocupación que se tiene al norte del río Bravo por las condiciones de seguridad en México.
A tres años de aplicación de este esquema, a mitad de sexenio, con el descalabro que significa esta fuga y con las críticas que afloran desde Estados Unidos, la seguridad de nuestro país amerita hacer un alto en el camino y revisar a fondo la estrategia. No se trata de hacerles un traje a la medida a los vecinos, sino de que conozcamos las alternativas que existen y logremos hacer un traje que, después de más de una década de intentos fallidos, comience a dar resultados para México.
Internacionalista
