En un ambiente nacional tan convulso, estamos prestando poca atención a un asunto de primera importancia para la seguridad pública del país y el fortalecimiento de su democracia. Estoy hablando de la legislación que dará un marco de actuación a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El tema es importantísimo porque de la legislación que resulte del debate legislativo que arrancó la semana pasada, dependerá que este país cuente con instituciones de seguridad profesionales, insertas en esquemas de control democráticos. La alternativa es arraigar la presencia de los militares en las calles de manera indefinida, con costos para las propias fuerzas armadas, la democracia y la pacificación del país.
Lo primero que hay que decir sobre este asunto es que si estamos hablando de regularizar las tareas del Ejército en materia de seguridad pública, diez años después de sus primeras incursiones, es porque hemos fracasado rotundamente con las estrategias de seguridad seguidas en los últimos años. Las razones de este fracaso deben ser el hilo conductor de las discusiones que se lleven a cabo en el legislativo y la ley que surja de ese proceso debe ser un elemento para cambiar el paradigma, no perpetuarlo. En estos años aciagos en materia de seguridad, hemos tenido respuestas condicionadas por la urgencia y una gran fragmentación en los instrumentos creados para atender el problema. La legislación que ahora se procesa, no debe abonar a esa fragmentación, ni seguir la lógica de la urgencia, sino ser una pieza que embone en un planteamiento más integral.
Por eso, una buena discusión en materia de seguridad pública debe comenzar por un diagnóstico que logre explicar el fracaso. ¿Por qué luego de esfuerzos reiterados por fortalecer las instituciones en materia de seguridad no hemos avanzado? ¿Cuáles son los factores detrás de la pusilanimidad de gobiernos estatales y locales en la materia? ¿Es cuestión de personas? ¿De incentivos e instituciones? ¿De adscripción partidista? ¿De recursos? ¿De fortaleza de sociedad civil? Si la discusión obvia estas preguntas, seguiremos repitiendo el fracaso ad infinitum.
Hace unos meses México Evalúa publicó un estudio titulado Justicia a la medida. El estudio propone algunos indicadores para medir la calidad de la justicia en el país y los implementó para las 32 entidades del país. Fuera de datos particulares que llamaron nuestra atención, lo más interesante del estudio fue encontrar gran variación entre estados respecto a los resultados obtenidos en algunos de los indicadores analizados en materia de fortaleza institucional. Lo que esto quiere decir es que en esta materia hay avances, que éstos son diferenciados y que es imperativo entender y documentar qué hay detrás de aquellos casos donde los logros son palpables. Necesitamos desatorar estos procesos porque nuestra aspiración debe ser la construcción de instituciones de seguridad profesionales y con rendición de cuentas. No perpetuar la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.
Pero no soy ingenua. Entiendo perfectamente que en las circunstancias actuales necesitamos a las Fuerzas Armadas cumpliendo con tareas de seguridad. Y el limbo legal en el que lo hacen es el peor escenario para todos. Para las Fuerzas Armadas, porque lo hacen fuera de la ley. Para los mexicanos, porque no hay protecciones respecto a los abusos en los que incurren al realizar estas tareas.
La ley que se discute necesita conciliar diversos objetivos, de ahí la complejidad y responsabilidad que demanda de los legisladores. Lo central es incluir en la legislación las provisiones para que la intervención del ejército sea realmente un recurso de última instancia, limitado temporalmente y con mecanismos que prevengan el abuso de la fuerza. De otra manera, vamos a seguir repitiendo el modelo de los últimos años con los mismos resultados. Y eso no es lo que queremos para el país.
Directora de México Evalúa.
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