Entre bromas nos persuadimos a leer las letras chiquitas cada que estamos frente a un contrato. La tradición nos dice que en las cláusulas que se leen con lupa están las trampas a nuestra voluntad. Así los artículos transitorios de cualquier cuerpo normativo, ya sea un reglamento, la ley o la propia Constitución, lejos de establecer lineamientos que como su nombre lo dice, nos ayuden a transitar de una situación legal a otra, pueden establecer condiciones que rebasan el contenido legal, lo contradicen o lo nulifican. Los transitorios no son parte del contenido de la ley, no consideran lo que llaman el espíritu del legislador, ni forman parte de los acalorados debates legislativos cuando los temas polémicos se tratan. Sin embargo, sus consecuencias muchas veces nos cuestan mucho más de lo que podríamos imaginar.
Un transitorio al reformado apartado A del artículo 102 constitucional que da vida a la Fiscalía General de la República autónoma, puede convertir al recién nombrado procurador en el primer Fiscal General de la República. El nombramiento ha desatado polémica, primero, por la cercanía del nuevo procurador al grupo presidencial y el partido en el poder, pero también porque dicho transitorio establece un traslado casi en automático del personal, estructura, recursos de la vieja Procuraduría a la nueva Fiscalía. Se vislumbra el riesgo planteado por Lampedusa de cambiarlo todo para que todo siga igual. Y el país no puede darse el lujo de una reforma simulada. De dejar a la procuración de justicia clavada en un modelo profundamente disfuncional, que sirve al poder pero no a los ciudadanos.
Para entrar en vigencia, la nueva Fiscalía requiere de su ley orgánica. El Ejecutivo envió una propuesta a Cámara de Diputados que se aprobó sin mayor deliberación. El Senado la estudia. En la formulación de esta Ley estriba la oportunidad de plantear una transformación profunda de la procuración de justicia en el país. De dotar a la nueva fiscalía de capacidades de investigación desarrolladas, de una autonomía cierta sobre la persecución criminal en el país. De dejar de usar la justicia con una lógica política, la de proteger a los propios y perseguir a los contrarios. De evitar una sustitución lisa y llana.
Es precisamente en el modelado de esta ley donde el nuevo procurador puede mostrar si tiene la estatura profesional para encabezar la nueva fiscalía. Para ganar la legitimidad que no le dio el mecanismo de su nombramiento, que si bien estuvo plenamente apegado a la ley, no le da lo que necesita: credibilidad frente a una sociedad que necesita reconocer un gesto genuino de renovación institucional.
Reconociendo la ventana de oportunidad que supone la redacción de esa ley, se han conformado grupos diversos de estudiosos e interesados en el tema que buscan aportar en el diseño de la nueva fiscalía. El hoy procurador ha mostrado dotes para avanzar en negociaciones complejas y ha ganado la confianza de legisladores, así como de integrantes de sociedad civil, que lo reconocen como una persona que entiende la sustancia y opera eficazmente para sacar acuerdos. Esta Ley es la prueba del nuevo procurador y la vara con que se medirá su estatura para saber si puede encabezar una fiscalía renovada.
Bien haría el hoy procurador en acercarse a los grupos que reflexionan sobre el diseño de la nueva Fiscalía y en encabezar su transformación.
Bien haría el Presidente de la República si le pide su renuncia apenas se apruebe la Ley Orgánica de la Fiscalía. No dudo que el hoy procurador pueda ser nombrado como Fiscal si gana, por su trabajo en estos meses, el aprecio de quien hoy lo descalifica.
La oportunidad de transformar una institución clave del Estado mexicano está abierta. Ojalá no la dejemos ir.
Directora de México Evalúa
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