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¿Es posible combatir la inseguridad con políticas públicas construidas a partir de diagnósticos erróneos? Aunque la respuesta más obvia tendría que ser negativa, contra toda lógica ello es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años. Esto pone de relieve un serio problema de manipulación de cifras delictivas que impide apreciar en toda su magnitud al fenómeno delictivo.
De acuerdo con el informe Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva, elaborado por la organización México Evalúa, la disminución inducida de cifras es una práctica común en nuestro país y, mucho peor, se acentúa en periodos previos a elecciones. La manipulación de esta información no distingue partidos políticos y tiene como objetivo incidir en la percepción ciudadana sobre los gobiernos estatales o municipales.
En el fondo, quienes en ello incurren priorizan los criterios políticos y electorales por encima del interés público. No es algo nuevo en la arena pública, sino una tensión permanente entre el diseño institucional y las reglas para competir en las democracias. En la práctica, aquellos que manipulan cifras delictivas están desistiendo de la responsabilidad pública que se les ha conferido en las urnas. Renuncian de hecho a la capacidad legítima de usar la fuerza para garantizar la seguridad de los gobernados y parecen enfocarse solamente en el objetivo de perpetuar en las esferas del poder público a su partido, a sus aliados, a sus intereses y tener fácil acceso a millonarios recursos públicos.
¿Qué sucede, entonces, si las autoridades correspondientes no miran a detalle a la inseguridad pública, con todas sus implicaciones sociales? No estarán en posibilidades de diagnosticar correctamente un problema público que lacera a miles de mexicanos a lo largo de la geografía nacional; bajo esta óptica, los gobiernos no podrán dar respuestas desde las instituciones a regiones enteras que viven sometidas por el poder estructural del crimen.
En los próximos meses distintos estados de la República tendrán elecciones locales en las que se elegirán nuevos gobernadores, congresos locales y presidentes municipales. En esta lógica, el electorado y organizaciones civiles tendrían que estar atentos a la información difundida por los gobiernos que serán puestos a prueba en las urnas y hacer los cuestionamientos pertinentes. Pero más allá de la coyuntura, la ciudadanía tendrá que demandar conjuntamente que los datos sobre criminalidad a partir de los que se diseñan las políticas en la materia sean veraces, puesto que la seguridad de todos va de por medio.
