Estos son tiempos de vacas flacas. Por eso desde principios de año el gobierno federal se comprometió a reducir el gasto público. Y así ha sucedido: éste disminuyó 2.8% al primer trimestre del año, en relación con el mismo periodo de 2015. El problema es que en lugar de recortar los pagos innecesarios a la burocracia, la austeridad se ha centrado en rubros que sí afectan a la economía, como la inversión física.
De las 23 dependencias que forman parte de los ramos administrativos del gobierno —y de las que se tiene información sobre el avance del presupuesto asignado y ejercido para este 2016— más de la mitad, 13, reportaron un alza en el pago de servicios personales. Como parte del recorte se cancelaron 6 mil 851 plazas de trabajo en la administración federal, sin embargo, el gobierno gastó 5 mil 811 millones de pesos más en lo que va de este año en remuneraciones. Es decir, la famosa austeridad no alcanzó al final, otra vez, a la burocracia.
Similar lógica ha caracterizado a la administración pública del Ejecutivo y a los poderes Legislativo y Judicial.
Hace poco más de 15 meses, el 26 de febrero de 2015, el Senado publicó los lineamientos de racionalidad y austeridad presupuestaria para el resto de aquel año. En dicho documento se comprometían a restringir gastos no esenciales como contrataciones de asesorías, servicios de bocadillos, telefonía celular y viajes para personal de áreas administrativas, entre otros rubros. Sin embargo, cuando se trató de reducir el salario, lo máximo que hicieron los senadores fue bajarse 100 pesos de los 117 mil 600 que ganaban. Una burla, no solo porque las reducciones equivalían apenas a 0.1% de su salario, sino porque dentro de su plan de austeridad no quitaron privilegios como su seguro de vida por 4.7 millones de pesos; sus “apoyos” para traslado en avión; el poco claro rubro de “asistencia legislativa” y la aun más opaca área de “atención ciudadana” (dinero para personal y difusión de la imagen del legislador).
El Poder Judicial no escapa al dispendio. Tan solo el fin de año pasado los juzgadores gastaron 841 millones de pesos para el pago de aguinaldo, prima vacacional y pago por bono de riesgo de ministros, consejeros de la Judicatura, magistrados y jueces.
Desde que los primeros recortes se anunciaron este sexenio, a partir del difícil escenario internacional, los especialistas han advertido que existe una Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que dicta criterios muy precisos para la austeridad. Por desgracia parece que nadie está dispuesto a seguir esa norma, la cual señala que en caso de disminución de ingresos, se debe compensar con reducción en el presupuesto en gasto administrativo no vinculado al de atención a la población, y en servicios personales. Las cifras reveladas hoy en este diario evidencian que el gobierno federal sigue recortando sin tomar en cuenta estas consideraciones. Sólo eso explica su constante resistencia a evitar el derroche.
