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Hay delitos en la sociedad que, por “cotidianos”, reciben poca difusión en medios de comunicación impresos, y sólo saltan a los titulares cuando el tema alcanza picos importantes o se desborda. Para quienes sufren de cerca la situación, con frecuencia ven como única alternativa organizarse para defenderse de manera grupal cuando se presenta ese delito recurrente.
EL UNIVERSAL ha documentado que vecinos de diversas colonias de la ciudad y del Estado de México han colocado mantas en las que manifiestan su hartazgo contra la delincuencia y en ellas lanzan la amenaza de que lincharán a quien sea sorprendido cometiendo alguna ilegalidad.
El origen de la reacción que muestra la ciudadanía no es otro que la falta de confianza en la autoridad. La perciben tan lejana que toman la decisión de organizarse contra la delincuencia sin tomar en cuenta al delegado, al alcalde o al jefe de policía, a pesar de que no habría mejor modelo para atacar la criminalidad común que la coordinación entre vecinos y autoridad.
El martes pasado, una vez más, volvió a registrarse un hecho de violencia en el que la población hizo justicia y mató a dos presuntos secuestradores; uno más sobrevivió a la golpiza. En la comunidad de Santiago Atlantongo, municipio de Teotihuacán, los residentes retuvieron a las tres personas sin que la policía pudiera intervenir, pues era superada por el número de pobladores que agredían a los retenidos. Un recuento de este diario señala que de 2015 a la fecha cuatro personas han muerto en linchamientos que se presentaron en la entidad mexiquense y que en los últimos 20 años el Estado de México y la capital del país concentran 50% de los casos registrados a nivel nacional.
Además de la señal de descomposición que hechos como el mencionado arroja para cualquier sociedad, el mayor riesgo es que en medio de la confusión se actúe contra inocentes. El país, lamentablemente, tiene ya una historia en ese sentido cuando a finales de octubre de 2015 habitantes del municipio de Ajalpan, Puebla, mataron a dos encuestadores que fueron confundidos con secuestradores.
A unos días de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal, la realidad que se presenta en diversas regiones nos arroja a la cara que aún estamos demasiado lejos para que el debido proceso se arraigue en la cultura del país. México nunca podrá mostrar avance en materia de justicia si hechos como el de Teotihuacán siguen preséntandose.
¿Malestar, desesperación, impotencia? Quizá el verdadero trasfondo de estos hechos es la extendida impunidad que prevalece. Todas son señales que la autoridad no debe ignorar.
