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A más de dos años de aprobada, la reforma educativa parece estarse aplicando apenas de manera efectiva. Las fuertes resistencias y presiones de grupos contrarios a los cambios, en combinación con el ambiente electoral, levantaron durante un largo periodo un muro de contención que impedía la total puesta en marcha de la ley.
Franqueada la aduana electoral el pasado 7 de junio, se han tomado a partir de entonces acciones establecidas en la ley que han servido para disminuir a los grupos opositores. Primero, se quitó a la Sección 22 el control que por años tuvo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Después se anunció que se les descontará el día a 85 mil 296 docentes que el 12 de octubre dejaron las aulas para salir a las calles a manifestarse. Y finalmente el secretario de Educación dio a conocer que a partir de hoy quedan separados del servicio educativo en forma definitiva 291 docentes y técnicos docentes que no se presentaron a la Evaluación Diagnóstica sin justificar su inasistencia.
¿Se trata de una acción de fuerza, unilateral o ilegal? No. Se trata de la aplicación estricta de la ley. Es irrebatible que en México el nivel educativo del país está muy alejado de los países mejor evaluados a nivel global. Por esa razón, desde hace dos años se aprobaron cambios para ir en busca del objetivo de contar con un mejor desempeño de los alumnos. Pero en todo este tiempo la reforma quedó presa de grupos que con movilizaciones y desmanes evitaron que en sus estados se aplicara la reforma. Apenas hace tres semanas la Suprema Corte ordenó al Congreso de Oaxaca y al gobernador Gabino Cué modificar antes de seis meses la ley educativa estatal para adecuarla con lo que dispone la norma educativa federal en materia de evaluación docente.
En ningún momento la reforma puede considerarse un tema acabado. Aspectos importantes también deben ser tomados en cuenta como los programas de estudio de las escuelas normales —las formadoras de los miles de maestros que hoy están en los salones de clase— o la carga que se da a la evaluación, en contraste con la capacitación.
Es cierto que la manera en que comenzó a aplicarse la reforma dio un mayor peso al papel del maestro; poco se dijo de la deplorable situación en que se encuentran miles de escuelas o de considerar primero la capacitación antes que la evaluación. Pero lo central es que para comenzar a evaluar la reforma misma —conocer sus resultados, buenos o malos— se tenía que poner en marcha. A partir de este momento se vuelve indispensable seguirla de cerca, señalar aciertos y errores, enriquecerla... por la educación del país.