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La voz popular ubica a las cárceles como universidades del crimen en donde los delincuentes que ingresan por un robo menor conocerán nuevas formas de delinquir en las que eventualmente podrían incursionar a su salida, si purgan una condena corta.
Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos indican que un elevado porcentaje de las prisiones estatales están reprobadas y en promedio tienen una calificación de apenas 6.27, en una escala del 1 al 10.
A lo anterior, se suman cifras del Inegi, que refieren que la cuarta parte de la población carcelaria es reincidente, es decir, está fallando la readaptación social, objetivo principal de todo sistema penitenciario. En la Ciudad de México, Colima, Baja California y Nuevo León, los criminales pasaron apenas 12 meses fuera cuando se les volvió a detener.
Del mismo informe se extrae que la mitad de los reclusos en el país tiene un promedio de edad menor a los 35 años y más de 80% ya formó una familia, y cuenta con hijos menores. Dos terceras partes laboraba en oficios de bajo ingresos y 70% sólo terminó la educación básica. Casi 90% se encuentra preso por algún tipo de robo y menos de 10% por portar armas.
Todas las cifras anteriores dibujan a un interno que incurrió en un delito empujado probablemente por su entorno social, y que muy difícilmente representa una amenaza potencial para la sociedad; por el contrario, ingresa a un ambiente violento en el que se encuentran criminales peligrosos, con el riesgo de que la posibilidad de readaptación social se anule en definitiva.
Uno de los objetivos del sistema de justicia penal puesto en marcha hace un año es precisamente despresurizar las cárceles, pues casi por cualquier delito había lugar a la prisión preventiva. Cifras de la Ciudad de México revelan ya una caída en el número de presos en la capital del país y con ello prácticamente se elimina el hacinamiento que caracterizaba a los penales.
Ahora, la prisión preventiva vale sólo para homicidio doloso, violación, secuestro, trata, delitos contra la salud, entre otros. Y, a diferencia del anterior sistema, se tienen que presentar pruebas de la comisión del ilícito, luego de haber realizado una investigación, con el fin de que erradicar las confesiones obtenidas bajo tortura.
Las cárceles deben ser sitios para albergar a sujetos que representen una amenaza real para la sociedad. Sin embargo, para que ello se cumpla policías, fiscales y peritos están obligados a presentar pruebas para argumentar la necesidad de la prisión preventiva.
