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La corrupción es el segundo problema que más preocupa a los mexicanos, incluso está por arriba del desempleo y de la pobreza; el primero es la inseguridad, de acuerdo con datos del Inegi. Como consecuencia, en reportes internacionales también se refleja esa situación. El Índice de Percepción de la Corrupción 2016, que realiza Transparencia Internacional, colocó a México en el sitio 123, luego de que un año antes lo había situado en el lugar 95, tras evaluar a más de 170 naciones. Entre los países que conforman la OCDE, el último puesto es para México.
La sociedad civil comenzó una cruzada para combatir el problema, que fue clave para la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. Aunque la operación de ese esquema se encuentra en su fase inicial y su conformación no está completada, es la apuesta para que se dé un cambio en la incidencia de casos.
Desafortunadamente la corrupción no se limita sólo a los casos mediáticos de ex gobernadores y ex funcionarios acusados de hacer mal uso de los millonarios recursos públicos, es un flagelo que enfrenta la ciudadanía en su vida cotidiana. Según el Inegi, la población, también percibe corrupción en el contacto con autoridades de seguridad pública, al realizar trámites ante el ministerio público o para abrir una empresa, así como en juzgados o tribunales.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa —instancia que deberá juzgar los casos de corrupción—, señala lo que debería ser la meta ideal: desarrollar una conducta o una cultura que nos lleve a que no exista sanción porque el comportamiento de los funcionarios es correcto. “El que se sancione de manera ejemplar a un funcionario no evitará que otros lo puedan hacer”, señala.
Con seguridad el problema de funcionarios corruptos nunca estará en nivel cero, pero el país tampoco puede permitirse registrar los elevados niveles de la actualidad.
Mientras los programas de prevención empiezan a rendir frutos, la opción para el país es aplicar de manera contundente la ley con sanciones a aquellos que se valieron de su cargo público para robar los recursos de ciudadanos. La impunidad no hará más que alentar el problema.
El caso Odebrecht, que ayer dio más luces sobre la vertiente mexicana, debe ser una de las primeras pruebas de que el combate a la corrupción va en serio y de que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia adecuada en la cual se podrá confiar para prevenir, investigar y sancionar los malos manejos en la administración pública.
