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Las redes del narcotráfico son amplias y diversas, y se escudan en empresas fachada para introducir el dinero mal habido en el sistema financiero legal. Por esa característica, autoridades de Estados Unidos siempre han apostado a indagar las cuentas bancarias de compañías sospechosas en su cruzada contra el tráfico de drogas. Para ello cuentan con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Ayer esta dependencia, como lo hace de manera frecuente, dio a conocer un reporte en el que informa que impuso sanciones a 22 mexicanos y 42 empresas “por su relación con las actividades encabezadas por el narcotraficante Raúl Flores Hernández”. La inclusión de dos figuras públicas causaron revuelo: el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez. Ambos, según la oficina estadounidense, tienen largas relaciones con Flores Hernández y han servido de prestanombres para la organización delictiva. Las sanciones congelan todos los activos en Estados Unidos de las personas y negocios mencionados, además de prohibir que ciudadanos estadounidenses entablen relaciones comerciales con ellos.
El futbolista y el cantante abordaron el tema, aunque cada uno a su manera, el primero acudió a la PGR y dio un mensaje a los medios para defenderse, mientras el segundo utilizó las redes sociales para subir un video en el que rechaza la imputación. En México no se les investiga, pero lo mínimo que se le exige a la autoridad es comenzar a indagar para tener una definición sobre el caso. El Departamento del Tesoro también puede equivocarse.
Uno de los retos que México enfrenta es precisamente el combate al lavado de dinero. El país es vulnerable no sólo por los grupos de traficantes que operan aquí, sino también por la evasión fiscal, la economía informal y los casos de corrupción.
Apenas hace cuatro años entró en vigor la ley para evitar el lavado de dinero, pero sus resultados no se comparan aún con la información que recaba y difunde el Departamento del Tesoro. Usualmente son las autoridades estadounidenses las que van adelante en este tema, aunque se trate de objetivos criminales mexicanos. Expertos han criticado los escasos avances de México en el lavado de dinero y las fallas en la vigilancia de las redes financieras de los capos.
El poderío del crimen no sería seguramente el mismo si existieran controles estrictos y eficientes en el tema del lavado de dinero. EL UNIVERSAL ha documentado, por ejemplo, que 14 de las 95 empresas ligadas a Joaquín El Chapo Guzmán llegaron a tener alguna relación comercial con el gobierno mexicano.
