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Los tiempos y los intereses del Congreso de la Unión no son ni los tiempos ni los intereses del país. En las oficinas legislativas están atoradas resoluciones sobre temas de suma importancia como seguridad y combate a la corrupción, sin que se muestre interés por atenderlas.
En la congeladora se encuentra la iniciativa de mando único policial, clave para coordinar esfuerzos en la lucha contra el crimen. También está el proyecto de ley de seguridad interior, que daría legalidad a la actuación del Ejército en temas de seguridad pública.
Además, los senadores tienen pendientes la designación del fiscal anticorrupción y de los magistrados especializados en la materia, que deberían estar operando a partir de hoy 19 de julio. El mandato de la ley no fue acatado.
Por ello, el Sistema Nacional Anticorrupción inicia funciones sin que todas sus partes estén integradas y sin la voluntad de los legisladores para alcanzar acuerdos que corrijan esa falta. El mensaje que el Congreso envía a la sociedad es de resistencia, y que no parece tratarse de un tema importante.
En este contexto, el sistema no nace de la mejor manera, pero ve la luz en medio de reclamos ciudadanos por un país más transparente y de una sociedad organizada que se ha convertido en componente indispensable de las acciones para castigar y erradicar la corrupción entre la clase política mexicana.
El respaldo que académicos, organizaciones y cámaras empresariales dieron el lunes a la cruzada contra la corrupción muestra el interés de un amplio sector de la sociedad en profundizar la rendición de cuentas y en reducir la impunidad.
Sin embargo, el Comité de Participación Ciudadana —uno de los siete organismos integrantes del sistema anticorrupción— precisa que no se necesita solamente una sociedad civil fuerte y exigente, sino que las instituciones se robustezcan para cumplir con los compromisos para los que fueron creadas.
Es en las entidades donde existe el mayor riesgo de que los sistemas estatales anticorrupción surjan con debilidades. Agrupaciones ciudadanas locales deben convertirse en acompañantes cercanos para señalar inconsistencias y acciones que deban enmendarse.
A partir de ahora, aun con el sistema incompleto, comienza una etapa en la cual el objetivo debe ser la prevención de actos de corrupción, así como lograr el involucramiento de la sociedad. Si esta decisión se hubiera tomado hace dos décadas probablemente en este momento no estaríamos hablando de socavones ni de ex gobernadores acusados de desvíos millonarios. México se encuentra aún en el camino de la consolidación democrática y esta es una excelente oportunidad de alcanzarla.
