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Cualquier obra que colapsa tres meses después de inaugurada sólo puede evidenciar que en su construcción hubo errores, descuidos y omisiones, y que es necesario investigar a fondo para descartar cualquier indicio de corrupción.
Uno de los más importantes proyectos carreteros realizados por el gobierno federal, el Paso Exprés Tlahuica, para agilizar el tránsito por la ciudad de Cuernavaca, sufrió este miércoles un hundimiento del concreto que costó la vida a dos personas.
Su construcción estuvo salpicada de irregularidades. Desde el inicio de la obra y hasta finales de 2016 se contabilizaron más de 70 accidentes y al menos 21 muertos; algunos lo atribuyeron a la falta de señalizaciones y otros al exceso de velocidad.
Estimada en un costo de mil millones de pesos, al final se destinaron 2 mil 200 millones de pesos, más del doble del presupuesto inicial, para un tramo de 14.5 kilómetros; cada kilómetro tuvo un costo de 152.6 millones de pesos.
Las obras fueron previstas para durar 18 meses y concluir a mediados de 2016. Luego de 26 meses, finalmente el Paso Express fue abierto en abril de 2017.
Durante la inauguración y en días posteriores a ella se dijo que debido a la calidad de los materiales utilizados la obra estaba hecha para tener una vida útil de 40 años, tres meses después vemos que no fue así.
Pero quizá lo más grave es la información que hoy da a conocer EL UNIVERSAL: el consorcio constructor carecía de la calificación adecuada en materia de calidad y de experiencia al momento de ganar la licitación. De los 4.4 puntos que valían esos indicadores, no obtuvo ninguno. Su propuesta económica, entre las más bajas, fue decisiva para obtener el contrato. Sin embargo, al final tampoco cumplió, pues el costo se elevó a más del doble.
Además, al revisar la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación detectó pagos de más de medio millón de pesos por servicios no realizados, así como trabajos de mala calidad.
A todo lo anterior se añade la alerta de la población lanzada hace unos días, de que habían aparecido unas oquedades a los costados del tramo carretero, sin que la autoridad haya intervenido.
En esta larga historia hay una serie de anomalías que deben revisarse a profundidad con el fin de sentar un precedente y que haya una sanción para los responsables.
Por tratarse de recursos provenientes de los bolsillos de la ciudadanía y de proyectos que serán usados por miles de personas, la obra pública debe cumplir los más altos estándares de calidad y de seguridad. La población delega en la autoridad la supervisión. Si no se cumplió con esa parte, deben conocerse y castigarse a los responsables.
