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México tiene un grave problema de inseguridad que se ha recrudecido en los últimos días, una realidad que demuestra en el fondo lo que ha ocurrido en los meses anteriores, en los años pasados. En amplias regiones del país se impone todavía un flagelo que millones de mexicanos padecen todos los días; el fenómeno de violencia no ha podido ser contenido por el brazo de la ley, por las instituciones de justicia, por el sistema en su conjunto.
Como publica hoy EL UNIVERSAL, tan solo en Reynosa, Tamaulipas, en un periodo de casi tres meses se registraron 90 muertos a causa de la violencia que se vive en la localidad. La ola de homicidios se atribuye a los reacomodos entre las bandas del crimen organizado que ahí operan, pero lo cierto es que retratan parte de lo que ha sido nuestro país en las últimas dos décadas.
El fenómeno de violencia no es nuevo. México ha estado inmerso de lleno en esta vorágine destructiva por lo menos desde el año 2000. Desde entonces, se han vivido episodios en los que se intensifica y disminuye, pero permanece ahí. En paralelo, en el espacio público se han discutido reformas al modelo policial, al sistema de justicia penal. En el fondo, el tema central de las deliberaciones ha sido la organización del complejo sistema de impartición de justicia.
A pesar de los logros legales e institucionales, los retos son profundos. El primero de ellos es asumir que la violencia que hoy vivimos es un fenómeno complejo que no tiene soluciones simples. Para encaminar las respuestas en ese sentido el Estado requiere invertir en educación, capacitación y profesionalización de quienes administran e imparten la justicia, así como en instituciones fuertes y legítimas.
Aunque es políticamente rentable, también es falaz cargar la totalidad de los costos de la violencia a la implementación del sistema de justicia penal. En su entramado también hay que tomar en cuenta a los elementos que lo integran: policías, jueces, ministerios públicos y procuradurías. Cuando algún componente no funciona, el sistema de justicia simplemente no funciona.
El procesamiento adecuado de las leyes y la contención de la violencia, de la corrupción, de la impunidad, pasan necesariamente por definir de forma clara las responsabilidades precisas para cada nivel de gobierno y cada poder de cara al sistema en su conjunto. Ante una discusión que se ha alargado en el tiempo, el Legislativo debe concluir un modelo policiaco adecuado a la realidad del país. El sistema requiere que se le dé forma para funcionar según se previó desde la ley.
Los involucrados deben dar de una vez el paso final que abra la senda hacia una nueva cultura de la legalidad que reforme nuestro pacto social. Es la vía para detener la violencia que azota al país.
