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Cuando EL UNIVERSAL dio a conocer en diciembre de 2016 que los diputados recibían cada fin de año un bono especial —secreto hasta ese momento— que se sumaba a los abultados recursos que ya recibían por las gratificaciones decembrinas, los legisladores se comprometieron a reducir el monto (se decía que en años anteriores habían recibido hasta 500 mil pesos) a sólo 150 mil pesos y a que comprobarían la forma en que lo gastaron, pues argumentaban que lo utilizaban para el pago de personal. Algunos lo regresaron y otros cuantos a los pocos días informaron cómo lo habían utilizado.
A medio año de distancia, este diario informa que los diputados incumplieron el compromiso de sus coordinadores parlamentarios de transparentar la utilización del bono, pues sólo tuvieron que llenar un formato simple en el que explican cómo gastaron esos recursos, sin documentos que los respalden como facturas o notas.
Con este tipo de acciones el millonario uso de recursos públicos se vuelve opaco en un sitio que debería ser ejemplo de la rendición de cuentas y en un momento en el que la sociedad aboga por que la transparencia sea el denominador común de las instancias del Estado Mexicano.
La razón esgrimida para que los legisladores no tengan que justificar el gasto de esa partida es que “no hay obligación de presentar recibos o documentos análogos ni de elaborar un documento para responder a las solicitudes de acceso a la información”, como la que realizó EL UNIVERSAL.
Con ese tipo de respuesta se infiere que la transparencia debe prevalecer en la administración pública con excepción del Congreso federal.
Mientras en la clase política no exista congruencia entre el decir y el hacer, el desprestigio e inconformidad en la población no hace más que mantenerse o aumentar, pues no hay que olvidar que este año distintos rubros del gobierno federal sufrieron importantes recortes en sus recursos, austeridad que parece no haber afectado a la Cámara de Diputados.
La Auditoría Superior de la Federación ha advertido de manera frecuente en sus informes anuales de la “limitada rendición de cuentas” en el dinero que se ejerce bajo el concepto subvenciones para las bancadas partidistas así como para las actividades legislativas.
Si políticos y funcionarios en realidad desean modificar la opinión que de ellos tiene la ciudadanía deben comenzar por actuar con congruencia. De los 500 diputados en la Cámara, 411 no se preocuparon por la rendición de cuentas, en los 89 restantes, por el contrario, hay incluso varios que devolvieron el bono. La balanza aún se inclina mayoritariamente hacia la opacidad; lo que el país demanda es transparencia.
