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Una de las virtudes de la transparencia —esa que exige la ciudadanía y que enfrenta resistencia en la clase política— es conocer datos como el que hoy ofrece EL UNIVERSAL: La actual administración federal ha transferido más de mil millones de pesos a 23 empresas cuyos propietarios son diputados, senadores o sus familiares.
La investigación que se presenta menciona a más de una docena de legisladores, pero refiere que tan solo dos de ellos han obtenido desde 2013 contratos con el gobierno federal por casi 800 millones de pesos. Un solo diputado obtuvo convenios por 505 millones de pesos.
Acciones de ese tipo sólo contribuyen a reafirmar la percepción en la sociedad de que la llegada a algún cargo público o de elección es en automático un trampolín para desarrollar jugosos negocios al amparo del erario y que el compromiso con la ciudadanía pasa a ser asunto secundario.
Entre los beneficiados se descarta la existencia de conflicto de intereses, pues se argumenta que sólo ocurre “cuando la posición de relevancia e influencia de un servidor público puede generar una decisión pública en su beneficio y el funcionario interviene de manera activa en función de ese beneficio”.
Sin embargo, el reglamento de la Cámara de Diputados —y de manera similar el del Senado— establece que los legisladores tienen la obligación “de informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos”.
Aunque la determinación sobre si se incurre en conflicto de intereses corresponde al ámbito judicial, los contratos mencionados poco ayudan a contrarrestar la desconfianza que existe hacia la clase política; desconfianza que crece por la actitud escasamente colaborativa de los servidores públicos.
Ante las propuestas ciudadanas de mayor transparencia, apertura y control del gasto público aparecen siempre argumentos que suenan a evasivas para abrir de manera total el uso de recursos, lo que da como resultado que México aparezca siempre entre los países con mayores problemas de corrupción en estudios internacionales; por esa situación, la OCDE lo ha colocado al final de sus 34 integrantes. Con la falta de apoyo decidido al Sistema Nacional Anticorrupción, cuya puesta en marcha plena no se ha logrado, los actores políticos parecen no tener interés en modificar la imagen del país ante el mundo.
