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En la política nacional se han vuelto una desafortunada costumbre las sospechas de malversaciones de fondos, desvíos de dinero y corrupción de gobernadores de diversos estados de la República, sin importar su partido político de origen. Más aún, con el paso del tiempo, al terminar sus responsabilidades públicas, muchas de dichas sospechas se han confirmado a través de procesos legales en contra de estos personajes.
Tan solo en el último año, y luego de dejar el poder político, la discusión pública ha tenido como protagonistas a ex gobernadores de quienes hay evidencias de corrupción. Ellos son Guillermo Padrés, de Sonora y extracción panista, así como los priístas Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, y Roberto Borge, de Quintana Roo. De ellos, el blanquiazul y el primer Duarte han enfrentado a la justicia en los últimos meses.
A este selecto grupo se unió Roberto Borge, quien fue capturado el domingo 4 de junio en Panamá a punto de tomar un avión con rumbo a Europa. Mientras tanto, los mexicanos siguen viendo ir y venir mandatarios estatales que durante su gobierno ejercen a placer un poder absoluto, unipersonal, en el territorio que debieran administrar, y lo hacen generalmente sin contrapesos de otros poderes y sometiendo a la prensa crítica.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de manera recurrente publica sus hallazgos sobre el mal uso del dinero público de parte de las autoridades en cada una de las entidades del país. No obstante, buena parte de estos señalamientos quedan sin consecuencias debido a la incapacidad institucional para procesar tantas irregularidades, así como por la falta de voluntad política para que procedan por los cauces legales. Es la historia que no termina.
Lo que debe señalarse en, cualquier caso, es la forma en la que los gobernadores disponen de los recursos públicos bajo su tutela y la falta de controles legales e institucionales, tanto al interior del estado como desde la Federación, para evitar los abusos. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, expresó la necesidad de recuperar el patrimonio de su estado del que su antecesor abusó.
Pero hay que ir más allá. Si hay tantos ex gobernadores desfilando por corrupción, de quienes se sospecha por su desempeño en el poder; si muchos de ellos desviaron dinero público a partir de figuras legales cuestionables y si hicieron negocios al amparo del poder, bien vale preguntar: ¿cuál es la función que desempeñan, entonces, poderes locales como el Legislativo y el Judicial?
Más todavía, ¿qué controles existen hoy para garantizar que quienes están en los poderes estatales no dañen el patrimonio que se les encomendó en las urnas? Más allá de la ASF, ¿quién está vigilando a los gobernadores en funciones para evitar nuevos escándalos de corrupción cuando dejen su cargo?
