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De nuevo el tema de la corrupción sale a relucir como uno de los principales lastres para el desarrollo de nuestra nación. Ayer el Banco de México hizo un urgente llamado al gobierno de la República a redoblar esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho, esto ante la preocupante debilidad que ha mostrado la inversión privada desde la crisis de 2008, y particularmente en lo que va de este año.
El Banco de México incluye, junto con la corrupción, la inseguridad, en su diagnóstico de los problemas que es prioritario —y urgente— atacar para consolidar el desarrollo nacional y atraer mayor inversión.
Si bien desde la recesión de 2008 los flujos de inversión se han visto empañados por la volatilidad económica internacional y, más recientemente, por la incertidumbre provocada por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, desde el punto de vista de expertos también han influido la enorme corrupción e impunidad existentes en México, por la falta de un Estado de Derecho pleno, algo que desde luego también tiene consecuencias negativas en materia de inseguridad pública y criminalidad.
De este modo se cierra un círculo vicioso que nos mantiene en el subdesarrollo: inseguridad más impunidad y corrupción, igual a ausencia de inversión y bajo o nulo desarrollo, que a su vez producen más inseguridad, por la falta de oportunidades, en un entorno de corrupción e impunidad extendidas.
Y este adverso panorama se agrava si se toma en consideración que la inversión pública ha decrecido considerablemente como consecuencia del proceso de ‘consolidación fiscal’ por el que, a decir del gobierno, están pasando las finanzas públicas, y que incluye recortes al gasto público, a raíz de los cuales se ven afectados importantes proyectos de infraestructura, cruciales asimismo para atraer inversiones y generar desarrollo.
Pero además, nos guste o no en México, la atracción de inversiones involucra inevitablemente la buena o mala imagen de un país, y en este tema hoy el gobierno, junto con la sociedad mexicana en su conjunto, tiene una ardua labor por hacer, pero no a través de un buen diseño de imagen o marca-país. No, el verdadero reto se halla en romper esa dinámica viciosa de corrupción-subdesarrollo, para lo cual tendríamos que echar a andar a la brevedad todas las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción, para que en conjunto con instancias de la sociedad civil y a la administración pública, elaboren y emprendan una estrategia transversal e interdisciplinaria que incluya a la SEP, el Poder Judicial... y a toda institución pública.
Las oportunidades de inversión pueden recuperarse, pero sólo lograremos mantenerlas si consolidamos un auténtico Estado de Derecho en el que la corrupción no tenga cabida.
