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Los partidos políticos reciben cada año miles de millones de pesos provenientes del erario para sus actividades ordinarias y para gastos de campaña. Este 2017 los partidos con registro recibieron un total de 4 mil 138 millones de pesos de financiamiento público. En época de elecciones federales la cifra se incrementa.
Además de esos recursos, pueden recibir aportaciones de la militancia, de simpatizantes y por rendimientos financieros. Lo que prohíbe la ley es que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades realicen aportaciones o donativos, salvo lo que establece la Constitución. Tampoco las dependencias u organismos federales, estatales o municipales pueden destinar recursos a partidos políticos.
EL UNIVERSAL publicó este martes que César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, desvió más de 10 mil millones de pesos de fondos públicos hacia el PRI, por lo cual la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó a un juez pedir su detención. Durante el sexenio del ex mandatario, a 700 empleados del gobierno estatal se les retuvo 10% de sus sueldos, cantidad que tenía como destino la tesorería del PRI local.
Perseguido también por sospechas de corrupción en su gestión (desde abril la Interpol emitió una orden de localización, a petición de la Procuraduría General de la República), César Duarte puede sumarse a la lista de gobernadores detenidos acusados por delitos de peculado.
La captura de los llamados peces gordos ha sido una demanda añeja en la lucha contra la corrupción; durante años se criticó que no se investigaba ni se detenía a funcionarios señalados por mal uso de los recursos. En el último año tres ex gobernadores han sido detenidos y Duarte Jáquez podría ser el cuarto.
No se pueden discutir las acciones tomadas para sancionar a quienes utilizan sus cargos para apropiarse del dinero público o para destinarlo a intereses personales o políticos. A pesar de ello, el arresto de peces gordos no estará completo si no son capturados también aquellos que en complicidad conformaron un grupo con el objetivo único de desviar recursos.
Para una operación de desfalco de las arcas estatales no basta una persona, se requiere un entramado en diversos niveles. Desmontar y explicar esas redes debe ser fundamental si se quiere aplicar un castigo ejemplar.
En el caso de Chihuahua también hace falta una investigación al partido presuntamente beneficiado con el dinero descontado a empleados. De confirmarse el desvío, se agrandará la desconfianza y descontento ciudadano con el actuar de los políticos que, en su búsqueda por el poder, no les importa infringir leyes ni hacer mal uso de los recursos públicos.
