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En México, la fuerza pública se usa mucho o muy poco, sin puntos intermedios. Así lo demuestran las historias que relatan complicidad entre policías locales y bandas delincuenciales, que en muchas ocasiones terminan siendo brazos del crimen organizado. Es decir, dejan hacer y dejan pasar.
En contraste, también se sabe de casos en los que son las autoridades quienes se exceden en el uso de la fuerza contra la ciudadanía o los malhechores. En este país, al parecer, la seguridad pública se vive en los extremos.
El último episodio de uso excesivo de la fuerza se registró en Aguascalientes, en donde la policía municipal intentó neutralizar una protesta de jóvenes normalistas, pero recurrió a la violencia desmedida para procesar el hecho. Según indagatorias, luego de manifestarse, los estudiantes habrían agredido a una patrulla municipal, lo que detonó la persecución y ataques que a la postre recibieron.
El Estado puede hacer uso de la fuerza pública de manera legítima dado que es una de sus atribuciones básicas. No obstante, esta facultad sobrepasa su límite cuando, bajo el argumento de mantener el orden público, los representantes gubernamentales pisotean los derechos humanos de la sociedad en cualquier circunstancia.
La criminalización de la protesta contribuye a la gran desconfianza que existe en amplios segmentos de la ciudadanía hacia los gobiernos en México, del mismo modo que la falta de mecanismos institucionales para procesar las demandas públicas facilita que las manifestaciones más radicales se salgan de los cauces legales. Es una lógica que se alimenta a partir de sus propios fallos.
Los gobiernos de todos los niveles, desde el federal hasta los municipales, tienen frente a sí la responsabilidad de que las instituciones de seguridad pública elaboren y ejecuten protocolos que garanticen el derecho de asociación y manifestación, al mismo tiempo que neutralicen las amenazas al orden público con estricto apego a los derechos humanos.
La capacitación de las policías ayudará a prevenir el abuso de la fuerza pública, mientras que la sanción correctiva ante dichos excesos eliminará cualquier incentivo de los agentes para recurrir a ello. No debe olvidarse que la protección ciudadana es la principal prioridad cuando se aplica la fuerza.
El Estado de derecho se construye, entre otras cosas, a base de agencias policiacas sólidas apoyadas por instituciones transparentes que garantizan el respeto a los derechos humanos y en las que la impartición de justicia se realiza de forma imparcial. Lo ocurrido en Aguascalientes, como sucede en tantos otros lugares de la geografía nacional, debe recordarnos que el camino todavía es largo, pero debe recorrerse si se aspira vivir la justicia en lo cotidiano y no desde los extremos.
