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Hace unas semanas un instituto en Londres publicó un estudio en el que colocaba a México como el segundo país más violento del mundo. Con sobrada razón, el texto fue descalificado por expertos y por el gobierno mexicano. En esa clasificación el país era ubicado después de Siria y por arriba de naciones como Irak, Afganistán, Yemen y Somalia. La situación aquí, en definitiva, no es comparable a lugares donde desafortunadamente se vive una situación de guerra o de enfrentamientos civiles; la comparación no era equilibrada.
Ahora se publica otro índice sobre violencia, elaborado esta vez por el Instituto para la Economía y la Paz. El estudio utiliza 23 indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el estado de paz de un país con base en tres grandes ejes: nivel de seguridad en la sociedad, efectos producidos por conflictos armados y grado de militarización. La fórmula se muestra más equilibrada.
En el Índice Global de Paz, como en el estudio descalificado previamente, los países más violentos son Siria, Irak, Afganistán, Yemen y Somalia, que tienen un nivel de paz “muy bajo”. México no está en ese grupo, pero se ubica en el inmediato anterior; entre las naciones con “bajo” nivel de paz, con una evaluación nada halagadora.
La situación empeoró en comparación con el reporte de 2016. Hace un año México se encontraba en el lugar 140, de 163 naciones, y ahora descendió a la posición 142 entre igual número de evaluados. Este 2017 la calificación que obtuvo México fue 2.646, superior a la de 2016 que se fijó en 2.557. A mayor calificación, menor paz en el territorio.
Los resultados no son gratificantes. México se encuentra mucho más cerca de la región más peligrosa del mundo, mientras las posiciones incluso de media tabla se ven bastante lejanas.
En dos de los tres ejes considerados hay poco que argumentar en favor. El nivel de seguridad en la sociedad no se encuentra en su mejor momento; por el contrario, reportes del Inegi señalan a ciudades del país en donde más de 90% de la población se siente insegura. Respecto al grado de militarización, tampoco se puede rebatir; varias regiones se han acostumbrado a la presencia de vehículos y elementos militares en su entorno cotidiano, sin que el país logre todavía profesionalizar sus corporaciones policiacas para desarrollar las tareas de seguridad que le corresponden.
Nunca debe apostarse a evadir u ocultar problemas, pues sería una decisión contraproducente que sólo los agravaría. Evaluaciones globales como la que realiza el Instituto para la Economía y la Paz y organismos como la ONU o la OCDE deben tomarse como indicadores válidos —crudos, duros, pero con bastante certeza— que tienen que utilizarse para corregir políticas oficiales y consolidar las que den resultados.
