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Este jueves 15 de junio se cumplió un mes del asesinato del periodista Javier Valdez, en Culiacán. Una vez más la protección a reporteros, la importancia de la libre expresión y la necesidad de consolidarla fue el tema que dominó, así como las protestas del gremio periodístico en demanda de avances y resultados en la investigación.
El crimen de Valdez, hace 30 días, fue la gota que hizo derramar un vaso al tope de abusos, muertes y desapariciones de trabajadores de la prensa, especialmente en quienes ejercen la profesión en los estados. En las ciudades medianas y pequeñas, e incluso grandes —muchas de ellas con instituciones débiles— es donde se ha registrado la mayor cantidad de asesinatos de periodistas. Antes de la muerte del fundador de RíoDoce se dieron este año las de Miroslava Breach (Chihuahua), Ricardo Monlui (Veracruz), Cecilio Pineda (Guerrero), Filiberto Álvarez (Morelos) y Maximino Rodríguez (Baja California Sur).
La mayoría de los casos se han relacionado con grupos del crimen organizado, cuya intención es callar, controlar a la prensa, permitirles publicar solo lo que esté en línea con sus intereses y ocultar contubernios entre poder y delincuencia.
A pesar del involucramiento de la delincuencia organizada, la autoridad, sea estatal o federal, tiene una amplia responsabilidad. En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario general de la OEA puntualiza: “Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los periodistas”. Llama a asegurar las condiciones de trabajo y a transformar la dimensión social en la que se desenvuelven los periodistas. Para el funcionario, el sistema político es el que debe responder ante los casos de asesinatos de reporteros.
En México, la situación que viven los periodistas se ubica en un entorno de inseguridad nacional. Muy probablemente el mal clima para el periodismo comenzará a cambiar cuando los índices de violencia en el país también empiecen a ir a la baja. Dependerá primero de que las instancias de procuración de justicia comiencen a dar resultados en el combate al crimen para que se refleje en una disminución de las agresiones a la prensa.
Ante el gris panorama para trabajadores de medios de comunicación, grupos periodísticos elevaron la voz para exigir un Basta ya a la impunidad, la corrupción y al crimen organizado, pues está en riesgo una labor fundamental para la sociedad. Ningún país que se asuma demócrata podrá definirse de esa manera, si carece de prensa y medios de comunicación que puedan ejercer como un verdadero contrapeso al ejercicio del poder. Ese es el punto que nunca debe olvidarse.
