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Los recursos naturales son parte básica del patrimonio de México. Los gobiernos de todos niveles tienen la irrenunciable responsabilidad de cuidar, proteger y administrarlos. Las leyes que los regulen deben ser claras y detalladas con el objetivo de evadir cualquier resquicio de ambigüedad que, a la postre, facilite su violación. ¿Cómo se cuida la riqueza natural del país?
Las minas mexicanas, específicamente, como parte de ese patrimonio, están desprotegidas desde su sustento legal. Además, las últimas tres administraciones federales han facilitado que particulares se apropien de estos recursos al pagar costos de remate por miles de concesiones mineras, según revela una investigación realizada por EL UNIVERSAL y que hoy se publica en estas páginas.
Durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y lo que va de Enrique Peña Nieto, se han concedido 10 mil 66 títulos de concesión minera a particulares, lo que representa el 56.5% del total de títulos otorgados. Lo grave de ello es que, una vez obtenida la concesión, dichos particulares suelen transferir los derechos sobre ese patrimonio nacional a empresas extranjeras a precios muy por encima de los iniciales.
Lo mismo ha ocurrido con extensiones de subsuelo concedido a ciudadanos: 4.8% de la superficie continental de México se dio de 2000 a junio de 2015. Tan solo en el periodo de Felipe Calderón se otorgó 3.2% de la superficie. ¿Quiénes y por qué están rematando las minas mexicanas, así como el territorio nacional?
La Ley Minera es débil puesto que en su artículo 19 permite “transmitir” la titularidad de las concesiones a personas “legalmente capacitadas para obtenerlas”. La ambigüedad en los términos legales abre múltiples posibilidades en la interpretación, lo que facilita que particulares compren concesiones a precios bajos y los revendan a extranjeros, aunque ello entre en contradicción con el artículo 27 constitucional.
Una injusticia derivada son las personas que viven en terrenos concesionados, que desconocen la situación y que pueden perder su vivienda en cualquier momento porque la ley prioriza la actividad minera a cualquier otra. Se trata de un penoso episodio de omisión y descuido, por lo menos, hacia una parte fundamental del desarrollo económico de nuestro país.
El patrimonio nacional minero no merece ser malbaratado. El territorio y sus recursos pueden ser explotados económicamente, pero a partir de reglas claras, justas, que no pongan en riesgo a poblaciones; que quienes asumen el riesgo de inversión lo hagan a partir de los costos debidos. La captura de los recursos públicos realizada por particulares es, por decirlo claramente, corrupción. El gobierno y los legisladores federales tienen la oportunidad de demostrar que protegen el patrimonio de los mexicanos.
