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Después del 2 de octubre de 1968, no hay caso más emblemático que sectores sociales hayan hecho suyo para protestar por el abuso de poder y la impunidad, que la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Los primeros días después del hecho la errática investigación que hicieron las autoridades municipales y estatales derivó en que el expediente fuera turnado al ámbito federal. El gobernador tuvo que dejar el cargo, el presidente municipal de la localidad estuvo prófugo varios meses, ahora está en prisión.
Las conclusiones presentadas semanas después por la Procuraduría General de la República no convencieron a padres de las víctimas que argumentaban que había cabos sueltos. En el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado a sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también hubo señalamientos a la investigación.
EL UNIVERSAL publica hoy que la explicación de lo ocurrido ese día —la llamada “verdad histórica”— se encuentra en riesgo de venirse abajo debido a que un informe de la visitaduría general de la PGR concluyó que la investigación estuvo plagada de presuntas ilegalidades. La visitaduría es el área de supervisión de los elementos de la dependencia para disminuir casos de corrupción y recibe también las quejas de la ciudadanía contra funcionarios de la PGR.
El documento no es reconocido por la dependencia, se encuentra archivado, aunque desde el gobierno federal hay voces que advierten la posibilidad de que la investigación por el caso Ayotzinapa sea impugnada ante tribunales internacionales y los detenidos queden en libertad, por la eventual violación de la ley. De acuerdo con los resultados de ese informe, hubo tortura a testigos y acusados, se realizaron diligencias fuera de la ley y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.
Sería lamentable que por probables faltas al debido proceso se desande el camino avanzado en las investigaciones, pero los tiempos de la aplicación de la justicia deben ser otros en el país. Cualquier acusación o aprehensión debe estar fundamentada con evidencias y no con declaraciones obtenidas por medio de métodos nada científicos.
Hace unos años la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez y posterior liberación, luego de que la Suprema Corte determinó que hubo anomalías en su detención, tuvo un alto costo en la credibilidad de la impartición de justicia.
Encontrar ahora irregularidades en un caso tan significativo para la sociedad mexicana parece mandar el mensaje de que los esfuerzos por hacer de este país uno en el que predomine la correcta aplicación de la ley —y se deje de lado la caprichosa aplicación de ella— son infructuosos. ¿No se aprendió la lección?
