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En el sistema político mexicano los partidos reciben carretadas de recursos públicos para realizar sus tareas cotidianas y de promoción electoral. En la Constitución está establecido que se debe garantizar que el financiamiento público prevalezca sobre el privado. Uno de los objetivos es que no haya riesgo de que el dinero “sucio” o de “dudosa prudencia” llegue a la política.
A pesar de ello son frecuentes las multas que impone el Instituto Nacional Electoral a partidos de todos los colores por rebasar el tope de gastos asignados. ¿De dónde salen los recursos para caer en el derroche?
En los últimos días EL UNIVERSAL ha difundido información y videos que muestran en dos ocasiones a una virtual candidata a una alcaldía recibir miles de pesos como contribución “para el partido”. Y en una grabación más la misma persona —entonces en su calidad de diputada local— recibe también un millón de pesos por haber ayudado a que el Congreso estatal adoptara una ley “a modo” para el donante.
En cualquiera de los dos casos se trata de actos fuera de la ley. Para el financiamiento privado a partidos existe una regulación que debe cumplirse y en el segundo se trata de un uso indebido del cargo. Este último hace evidente, además, la necesidad de que el asunto del cabildeo esté debidamente reglamentado. En el Congreso federal existe un registro de “promotores de causas”, pero aún no hay regulación plena de ellos. A nivel estatal urge también poner límites a esa práctica.
Aunque se desconoce si el dinero en realidad llegó al partido en cuestión, los videos difundidos deben servir como alerta de que un hecho prohibido por la ley parece estar siendo más común de lo que se creía. La llegada de dinero privado —por arriba de lo legalmente permitido— a partidos o campañas electorales implica un virtual compromiso de candidatos o agrupaciones políticas con intereses específicos de un grupo y no con el bienestar general.
Los partidos representan una carga de miles de millones de pesos en el presupuesto anual. Sin embargo, parece quedar claro que muchos legisladores y candidatos se atreven a aceptar fuera de la ley el apoyo de grupos económicos. De alcanzar el cargo por el que compitieron deben tener una disyuntiva importante ¿a quién rendir cuentas?, ¿a quienes destinaron millonarias bolsas a sus campañas o al ciudadano que con su voto les dio el triunfo? En los hechos tienen dos “amos” y, como dice el refranero popular, seguramente con uno quedarán mal.
El próximo año se renovarán cargos en todos los órdenes de gobierno en el país, incluido el de Presidente de la República. Las tentaciones por influir en partidos y candidatos seguramente serán varias. La autoridad está a tiempo de mandar un mensaje contundente desde ahora.
