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En el robo de combustible a los ductos de Pemex, que ha hecho su bastión en la zona conocida como Triángulo Rojo, en Puebla, no pueden llamarse responsables únicamente los que recolectan la gasolina en bidones y luego la venden. Se trata de un ilícito en el que intervienen también otros actores que deben investigarse: desde los empresarios propietarios de gasolineras, que adquieren clandestinamente el energético, hasta trabajadores de Petróleos Mexicanos y autoridades.
Si el objetivo es terminar con esa práctica, el combate debe ser a todos los involucrados. Por ahora las acciones indican que se transita en ese sentido. Las indagatorias federales y estatales revelan la presunta colusión de presidentes municipales de cuatro poblaciones: Palmar de Bravo, Quecholac, Tecamachalco y Cuyoaco. Como primera autoridad, los alcaldes deben atacar los delitos que se cometen en sus demarcaciones o denunciarlos ante las instancias estatales o federales, si se trata de ilícitos que rebasen su capacidad.
Dos de los investigados son al mismo tiempo empresarios y cuentan con estaciones de venta de gasolina. De comprobarse su culpabilidad, formarían parte de un negocio impúdicamente redondo: el total de las ganancias por la venta del combustible iría directamente para sus bolsillos, con afectación principal a toda la cadena de producción y especialmente a las finanzas nacionales, pues el costo del hurto se ha estimado en miles de millones de pesos al año.
Como pocas veces se ha visto en la historia de México, seis instancias federales forman parte de un grupo de trabajo interinstitucional para combatir el robo de hidrocarburos: Petróleos Mexicanos, Procuraduría General de la República, Secretaría de Hacienda, la Marina, la Defensa y Gobernación. Abordar la arista económica por medio de la autoridad hacendaria es una de las madejas que siempre debe jalarse para tratar de afectar la operación del crimen organizado. ¿Cómo se explica que haya gasolineras que dejaron de comprar combustible a Pemex y sigan operando? ¿O que adquieran cierta cantidad de combustible y sus ventas sean mayores? La diferencia, indudablemente, fue adquirida en el mercado negro.
Es buen inicio identificar a autoridades y empresarios como piezas del saqueo de los recursos nacionales, lo criticable es que se haya actuado casi 10 años después de que comenzó a saberse del problema y sólo cuando la situación escaló al nivel de enfrentamiento con víctimas mortales como saldo. Sin embargo, el problema no quedará totalmente aclarado si no se investigan a fondo presuntas complicidades dentro de Pemex; no puede entenderse que haya ordeña si antes no se dio ubicación exacta o información sobre el momento en que hay mayor circulación de combustible. La situación reclama una investigación a fondo y de cara a la sociedad.
