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El pago de impuestos es uno de los pilares de las sociedades democráticas; es una condición necesaria en la búsqueda por repartir de manera uniforme la riqueza de un país. Ello debe traducirse en mejor infraestructura y servicios para la comunidad. Las sociedades han asignado esa labor al Estado.
Sin embargo, en los últimos años en varias ciudades del país el crimen ha decidido cobrar también su “impuesto”. A manera de extorsión o “derecho de piso” exige a establecimientos comerciales el pago mensual de cierta cantidad para brindarle “seguridad” o garantizarle que no habrá agresiones.
Esa práctica comienza a ser denunciada con mayor frecuencia en la capital del país, que parecía ajena a vivir ese tipo de fenómeno.
Propietarios de bodegas en la Central de Abasto expusieron a este diario la situación que enfrentan. Refieren que desde 2014 tienen que destinar mensualmente una cuota a sujetos que dicen formar parte de un cártel del crimen organizado.
La situación en ese centro de distribución se suma a la que hace unos días expusieron también locatarios del Mercado de Sonora y de la Plaza Meave.
Toca a la autoridad investigar si efectivamente se trata de bandas delictivas o de imitadores que buscan extender en la Ciudad de México la desafortunada situación que viven o han vivido otras poblaciones del país.
Hasta ahora siembran temor —que no es cosa menor—, generan pérdidas económicas entre los comerciantes —que irremediablemente a final de cuentas las cubre el consumidor— y ocasionan el cierre de aquellos que no pueden cumplir con el pago de la cuota.
Minimizar los hechos y no actuar ahora para erradicar ese tipo de extorsión puede ser un grave error que se lamentaría en el futuro, pues significaría el eventual empoderamiento de pequeñas bandas que a la postre derivarían en algo de mayor magnitud.
Dejarlos crecer representará ceder espacios en los que más tarde no habrá mas ley que las que ellos apliquen. Se empieza con el deterioro de una zona y al paso del tiempo son grandes territorios en los que el crimen impone su voluntad.
No se vale que comerciantes o pequeños empresarios, además de arriesgar sus recursos al apostar a abrir un negocio y cubrir los diferentes gravámenes que exige la autoridad, tengan que pagar este “impuesto criminal”.
De la autoridad se demanda investigar y actuar contra aquellos que señalan los afectados, sin ocultar, maquillar o manipular una realidad inocultable.
