Más Información
En las próximas semanas y meses sabremos si la situación de inseguridad, de amenazas y de muerte de periodistas empeora o empieza a modificarse.
Hace siete años, en 2010, surgió la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, como consecuencia de la situación de impunidad que imperaba en los ataques contra trabajadores de los medios de comunicación y luego de que una relatoría especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que México en ese entonces era el país más peligroso de América, por lo que recomendó la creación de la fiscalía.
En el tiempo que ha transcurrido la situación, en lugar de mejorar, empeoró. México sigue siendo el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, pero ahora se ubica como el tercero en el mundo sólo por detrás de Irak y Afganistán, de acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas.
El asesinato de Javier Valdez, fundador de RíoDoce, semanario que con investigación y crítica ha informado sobre la violencia del crimen organizado, ha obligado al gobierno federal a comprometerse de manera más decidida con acciones para combatir la impunidad en los ataques a comunicadores.
Se anunció que se fortalecerán la estructura y el presupuesto asignado a mecanismos de protección tanto para defensores de derechos humanos como para periodistas. Desde 2014 los recursos para la FEADLE se han reducido a la mitad.
Además se pondrá en marcha un esquema nacional de coordinación con las 32 entidades y un protocolo para reducir situaciones de riesgo. El compromiso fue asumido por el jefe del Ejecutivo federal, los gobernadores e integrantes de su gabinete. Desde la Suprema Corte de Justicia también se expresó que asumirán su responsabilidad en lo que es de su competencia.
¿Qué haría pensar que la situación será diferente a partir de ahora si acciones previas no arrojaron resultados?
Cabe el beneficio de la duda por tratarse de un anuncio encabezado por el jefe del Ejecutivo y respaldado por mandatarios estatales; sin embargo, en el cumplimiento de las medidas los mismos periodistas deben tener un papel clave y seguir ejerciendo su labor como hasta ahora: investigando, denunciando y exigiendo cuentas a la autoridad.
Sólo con el efectivo e irrenunciable contrapeso de la prensa puede comenzar a revertirse una situación que hasta ahora sólo demuestra el terrible fracaso en la defensa de la libertad de expresión.
