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El Ejército tiene más de 10 años realizando labores de seguridad en las calles de varias regiones del país. Numerosas voces han insistido en la necesidad de que vuelvan a los cuarteles, pero la indolencia que han mostrado autoridades locales (municipales y estatales) para contar con policías competentes hace casi imposible concretar el retorno.
Las fuerzas castrenses han sido blanco de críticas por cometer faltas en su desempeño, en especial por incurrir en violaciones a los derechos humanos. Desde el interior de la Secretaría de la Defensa se han reconocido errores, se ha pedido perdón, se han tomado acciones para capacitar a sus elementos y, principalmente, se ha solicitado una ley para regular su actuación fuera del campo militar.
La tarea de los soldados está nuevamente bajo cuestionamiento por un video que se conoció ayer y que presuntamente revela una ejecución extrajudicial realizada por un elemento en un enfrentamiento con supuestos chupaductos en una localidad poblana.
A esas imágenes —parciales, difundidas quizá con un objetivo tendencioso— siguió otra grabación de los mismos hechos que muestra esta vez la muerte de un soldado a manos de uno de los llamados huachicoleros; no haberlo sometido ni despojado de su arma tuvo consecuencias fatales en las filas militares.
Por años, el fenómeno del robo de combustible creció al amparo de la indolencia de autoridades federales y estatales.
Todo abuso militar es siempre condenable. Debe investigarse la manera exacta en que se dieron los hechos.
La situación revivirá el debate sobre la falta de un marco legal para las tareas castrenses en asuntos de combate al crimen. Iniciativas de ley, por cierto, fueron presentadas en la Cámara y en el Senado durante el periodo de sesiones concluido hace dos semanas, pero por la falta de consenso no llegaron al pleno para su votación. La normatividad que daría certeza a la sociedad —y a los soldados mismos— sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad deberá esperar por la indolencia legislativa.
En una década, los avances en la profesionalización de las corporaciones policiacas son mínimos. Hace apenas una semana el gobierno federal señaló que a pesar de que hay 2 mil 450 municipios, sólo están conformadas mil 800 agrupaciones de seguridad; 900 tienen menos de 20 polícias y sólo 50 instituciones municipales podrían desempeñar de manera adecuada labores de seguridad.
Una vez más la carencia de policías preparadas deja al Ejército en la primera línea de combate al crimen, lo que lo expone a riesgos como los que presumiblemente exhiben los videos. Se requiere que todos los involucrados (estados, municipios, legisladores) dejen atrás la actitud indolente para que comience a darse un cambio en materia de seguridad nacional.
