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En menos de tres meses se cumplirá un año de la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio y, en una evaluación somera y a priori, no extrañaría que no saliera bien librado. Hay resistencias y todavía faltan adecuaciones legales.
En un foro celebrado ayer en EL UNIVERSAL el procurador general de la República dijo que las manifestaciones de resistencia son oportunidad para trabajar, pero descartó cualquier intento de elementos de la PGR de regresar al anterior sistema.
En el fondo, la arraigada impunidad y el poco respeto al Estado de Derecho que ha imperado como parte de una normalidad nacional resultan prácticas enquistadas que difícilmente podrán modificarse en el corto plazo.
La correcta implementación del sistema acusatorio debe mostrar por sí sola las bondades que lo conforman, aunque es obligado insistir en que numerosas decisiones que se tomaban en el anterior sistema de justicia no eran resultado de las mejores prácticas judiciales.
El objetivo del nuevo sistema, y esto debe quedar claro en la ciudadanía, no es la “liberación” de “delincuentes”, sino que ahora se cuenta con herramientas que no necesariamente llevan a los inculpados a prisión; la prisión preventiva es sólo en situaciones excepcionales, específicamente en siete tipos de delitos.
La anterior premisa, de resolver prácticamente todo con prisión, generaba historias de personas presas durante años que al final de su proceso resultaban inocentes o casos en los que al recibir sentencia condenatoria, el acusado ya sólo permanecía unos meses, pues había pasado años en la cárcel mientras la justicia emitía la dictaminación.
En materia legal hay un punto importante rezagado: la unificación de criterios. Actualmente ocurre que para un mismo delito existen 32 formas de abordarlo.
La creación del Código Penal Único aún es tarea pendiente en la que deben involucrarse todos los estados.
La vida del ciudadano se simplificaría de manera notable cuando el sistema judicial tenga la capacidad de homologar sus actuaciones sin importar si se presenta una denuncia en el norte, en el centro o en el sur del país e incluso sin importar si es de materia federal o estatal.
La puesta en marcha del sistema acusatorio, en junio de 2016, fue la parte más fácil. Los obstáculos que se preveían entonces son los que aún dominan: convencer a funcionarios, abogados y a la ciudadanía que llenar las cárceles de personas sospechosas no equivale a hacer justicia. Lo que se requiere es cumplir de manera estricta con un proceso para acusar a cualquier persona; es decir, hacer valer el Estado de Derecho.
